Fiscalía formaliza imputación a excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en contrato de pasaportes
La imputación a Álvaro Leyva quedó en firme ante el Tribunal Superior de Bogotá por supuestas irregularidades en el contrato de pasaportes. La Fiscalía expuso tres actos administrativos que habría usado el exministro para frenar el proceso.
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La imputación a Álvaro Leyva avanzó este 9 de diciembre ante una magistrada de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía General señaló al exministro de Relaciones Exteriores por el presunto delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, tras revisar decisiones tomadas durante el trámite del contrato de pasaportes en 2023.
Según el ente acusador, Leyva habría emitido actos administrativos contrarios a la ley que afectaron directamente la continuidad del proceso de expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaporte, contrato tasado en 559.000 millones de pesos y vigente hasta julio de 2026.
Las decisiones que motivaron la acusación de la Fiscalía
El ente investigador explicó que el comité evaluador del Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos. El proceso estaba listo para su adjudicación, pero el 13 de septiembre de 2023, el entonces canciller expidió la Resolución 7485, declarando desierta la licitación bajo el argumento de que solo existía un oferente habilitado.
La Fiscalía indicó que ese razonamiento no se ajustaba al marco normativo, pues la legislación colombiana permite continuar un proceso con un único proponente siempre que cumpla los requisitos establecidos.
Cuando la empresa afectada interpuso recurso de reposición, Leyva lo negó mediante la Resolución 7540, validando únicamente una exposición verbal del recurrente y sin permitir la radicación formal del documento con los argumentos de defensa. Para la delegada ante la Corte Suprema, esa actuación vulneró el debido proceso y careció de motivación jurídica.
Ese mismo día, el exministro declaró la urgencia manifiesta y habilitó la contratación directa para continuar con la expedición de pasaportes, decisión que, según la investigación, omitió el análisis técnico y legal requerido.
En la audiencia, la Fiscalía afirmó que estas actuaciones pusieron en riesgo la emisión continua de pasaportes y afectaron el derecho constitucional de los ciudadanos a entrar y salir libremente del país. También recordó que Leyva tuvo la posibilidad de corregir el trámite y ajustar el proceso conforme a la ley, pero optó por ratificar todas sus decisiones.
Para el ente acusador, estos hechos consolidan los elementos que sustentan la imputación a Álvaro Leyva, que seguirá su curso en el Tribunal Superior de Bogotá mientras avanza la etapa de investigación formal.
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