Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en licitación de pasaportes
La Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes de 2023, proceso que ahora avanza hacia una audiencia formal ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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La Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por hechos relacionados con el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023. La decisión del ente acusador se conoció este viernes, luego de que el expediente avanzara con nuevas pruebas que señalan presuntas actuaciones irregulares durante la gestión del entonces ministro de Relaciones Exteriores.
Fiscalía le imputará cargos por presunto prevaricato
De acuerdo con la investigación, el organismo de control considera que Leyva habría incurrido en el delito de prevaricato al expedir actos administrativos que no se ajustaban a la normatividad vigente. El expediente señala que varias de sus decisiones habrían alterado el curso natural de la licitación y generado afectación directa sobre el proceso contractual encargado de definir al operador responsable de emitir los pasaportes colombianos.
La Fiscalía presentó la solicitud de audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá fijar la fecha para la diligencia en los próximos días.
La actuación penal se suma a la sanción disciplinaria emitida recientemente por la Procuraduría, que impuso al exministro una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos. El Ministerio Público concluyó que la decisión con la que Leyva declaró desierta la licitación no tenía sustento jurídico y desconocía el principio de selección objetiva. Según la entidad, el proceso contaba con un oferente hábil que cumplía con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en los pliegos.
El procurador general, Gregorio Eljach, ratificó que la actuación del entonces canciller omitió normas esenciales de transparencia, economía y responsabilidad en contratación estatal, por lo que calificó la falta como gravísima y cometida con dolo.
El origen del caso
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando Leyva decidió suspender una licitación cercana a los 600.000 millones de pesos. En ese momento, el exfuncionario sostuvo que la competencia no garantizaba pluralidad de oferentes y que existían indicios de direccionamiento hacia la firma Thomas Greg & Sons, que manejaba el contrato desde hacía más de una década.
Sin embargo, los organismos de control concluyeron que su decisión vulneró procedimientos establecidos y generó un impacto jurídico que ahora avanza hacia una imputación formal.
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