Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos del Atlántico
La Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, incluyendo peculado y falso testimonio.
La Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con contratos de la Gobernación del Atlántico. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrentará cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falso testimonio.
De acuerdo con el ente acusador, las irregularidades estarían vinculadas con convenios suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por un monto que supera los 3.000 millones de pesos. Dichos contratos fueron adjudicados durante el periodo en el que Nicolás Petro se desempeñaba como diputado del departamento, y tenían como fin atender a población en condición de discapacidad y adultos mayores.
Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro
La diligencia judicial, en la que la Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro, fue programada para noviembre tras una solicitud de aplazamiento presentada por su abogado defensor, Alejandro Carranza. Según el organismo investigador, además de formular los nuevos cargos, se pedirá una medida de aseguramiento intramural, es decir, en establecimiento carcelario.
Esta nueva acusación se suma al proceso que ya enfrenta Nicolás Petro por presuntas irregularidades en los dineros recibidos para financiar la campaña presidencial de 2022. En aquella investigación, se le señala de haber recibido aportes no reportados provenientes de empresarios y exnarcotraficantes del Caribe colombiano.
Presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación
Las pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a que los contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social fueron adjudicados sin cumplir con los requisitos legales y habrían favorecido intereses personales. Según las investigaciones, la fundación habría sido usada como intermediaria para canalizar recursos públicos bajo el pretexto de programas sociales.
El ente investigador sostiene que estos convenios no solo se adjudicaron de manera irregular, sino que parte de los recursos nunca llegaron a las comunidades beneficiarias. Por ese motivo, la imputación de peculado por apropiación y tráfico de influencias cobra relevancia dentro del expediente.
Con la nueva imputación, la situación jurídica del exdiputado se agrava. A las acusaciones previas relacionadas con el presunto uso indebido de dineros de campaña, ahora se suman hechos que comprometen directamente su gestión pública. “Las investigaciones apuntan a que hubo un aprovechamiento de su cargo para beneficiar intereses particulares en la contratación del Atlántico”, señalaron fuentes del caso.
El delito de falso testimonio, incluido en esta etapa del proceso, estaría relacionado con declaraciones rendidas por Petro Burgos durante versiones anteriores ante la Fiscalía. Por su parte, el cargo de falsedad en documento público tendría que ver con presuntas irregularidades en la documentación utilizada para justificar la ejecución de los contratos.
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