Fiscalía llama a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes
Fiscalía llama a juicio a Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes, acusado de presunto prevaricato en decisiones sobre la licitación del sistema.
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La Fiscalía llama a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes, un proceso que marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos administrativos más relevantes del actual gobierno. El exministro de Relaciones Exteriores deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en decisiones que habrían afectado la contratación del sistema de expedición de pasaportes en Colombia.
El ente acusador sostiene que Leyva incurrió en el delito de prevaricato por acción, al emitir actos administrativos que, según la investigación, desviaron el curso de una licitación pública.
Caso de los pasaportes: decisiones bajo investigación
En el proceso en el que la Fiscalía llama a juicio al excanciller se analizan tres decisiones clave adoptadas durante su gestión. Estas actuaciones están relacionadas con la licitación para garantizar la operación del sistema de pasaportes hasta 2026.
De acuerdo con el expediente, la Cancillería había adelantado una invitación pública en la que participó la empresa Thomas Greg and Sons. Un comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a esa firma. Sin embargo, el entonces canciller declaró desierto el proceso en septiembre de 2023.
Posteriormente, el despacho de Leyva rechazó un recurso presentado por la empresa, decisión que la Fiscalía considera carente de argumentos suficientes.
El caso también incluye un tercer acto administrativo mediante el cual se declaró la urgencia manifiesta. Esta figura permitió a la Cancillería avanzar hacia una contratación directa, tras la anulación de la licitación inicial.
Para la Fiscalía, estas decisiones no respondieron a fallas reales del proceso, sino a una actuación arbitraria. El ente investigador asegura que el excanciller tenía conocimiento de que la licitación se había desarrollado conforme a los procedimientos establecidos.
Según la acusación, las medidas adoptadas reflejarían un uso indebido del poder administrativo y una posible desviación de la contratación pública. La audiencia de acusación se realizó de manera virtual ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, bajo la dirección de la magistrada Blanca Nelida Barreto Ardila.
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