Fiscalía pide cerrar investigación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos
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Nueve años pasaron desde que se hicieron las acusaciones contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe
El fiscal Gabriel Jaimes pidió a un juez cerrar la investigación que se adelantaba contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Esta decisión tiene lugar después de nueve años. El expediente del caso se remonta a 2012, cuando Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda. Lo hizo por, precisamente, la supuesta manipulación de testigos. De manera puntual, lo acusó de ir a las cárceles del país buscando declaraciones en su contra.
«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe», informó la Fiscalía en un comunicado.
Pero casi dos años después, en septiembre de 2014, Cepeda hizo un debate en el Congreso colombiano. Allí presentó el testimonio del exparamilitar del Bloque Metro Juan Guillermo Monsalve, recordó Noticias Caracol.
Este le narró a Cepeda que en la Hacienda Guacharacas se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90.
En concreto, señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe -enjuiciado por el caso de Los Doce Apóstoles -, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar a estos grupos ilegales.
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Seis años se investigación
Tras seis años de investigación, en febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Cepeda no manipuló a testigo alguno. En cambio, sí halló evidencias de que presuntamente la defensa del expresidente Uribe había recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político.
La información añadió que las conclusiones «serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto» y que «podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados».
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