Fiscalía pide medida de aseguramiento para Nicolás Petro por presuntos desvíos de recursos públicos
La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Nicolás Petro por presuntos desvíos de recursos de la Gobernación del Atlántico. El exdiputado enfrenta cargos por peculado, tráfico de influencias y falsedad documental.
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La solicitud de medida de aseguramiento para Nicolás Petro marcó un nuevo capítulo en el proceso penal que enfrenta el exdiputado del Atlántico. Durante una audiencia realizada este martes, la fiscal Lucy Marcela Laborde pidió una detención intramural para el hijo del presidente Gustavo Petro, al considerar que existen razones de urgencia y necesidad para imponer una restricción de libertad mientras avanza la investigación.
La petición de la Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría desviado recursos públicos provenientes de convenios celebrados por la Gobernación del Atlántico, hechos que hoy lo tienen enfrentando varios cargos relacionados con la administración pública.
Cargos por los que se pide medida de aseguramiento para Nicolás Petro
La medida de aseguramiento para Nicolás Petro se fundamenta en una imputación que incluye los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente acusador, Petro Burgos habría intervenido en convenios firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, organización que ejecutaba proyectos para la atención de adultos mayores en distintos municipios del departamento. La Fiscalía sostiene que, a través de ese esquema, se habrían desviado cerca de 111 millones de pesos que terminaron beneficiando a Petro y a su entonces esposa, Daysuris del Carmen Vásquez.
La Fiscalía indicó que Nicolás Petro habría favorecido la adjudicación de al menos dos contratos a la Fundación Conciencia Social, pese a conocer, según la investigación, las irregularidades en su ejecución. Parte del dinero transferido a la fundación habría regresado al exdiputado en pagos indirectos destinados a cubrir gastos personales y compromisos privados.
La fiscal Laborde afirmó que el procesado “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones”, argumento que sustenta la solicitud de mantenerlo en detención preventiva mientras se desarrolla la etapa probatoria del proceso penal.
Será un juez de control de garantías el que deberá decidir si concede o no la medida intramural. La defensa de Petro Burgos insistió en que no existen riesgos procesales que justifiquen la detención preventiva y que su cliente continuará compareciendo ante la justicia.
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