Gobierno Petro presenta proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente
El Gobierno Petro presentó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución del 91.
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este miércoles el proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito central es reformar integralmente la Constitución Política de 1991. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró que se trata de una propuesta “histórica” para permitir que la ciudadanía decida si desea una nueva Carta Magna.
De acuerdo con el texto presentado, la iniciativa busca abrir un espacio de deliberación nacional que enfrente lo que el Ejecutivo denomina un “bloqueo institucional” del Congreso, el cual, según el Gobierno, ha impedido avanzar en transformaciones sociales profundas.
La Asamblea Constituyente estaría integrada por 71 delegatarios elegidos por voto popular, distribuidos en circunscripción nacional y por grupos representativos de diversos sectores sociales. El proyecto establece que el presidente tendrá facultades extraordinarias por seis meses para definir los requisitos de elección de los delegatarios y los mecanismos de participación ciudadana.
Reforma total de la Carta Magna
El proyecto de Asamblea Constituyente para reformar la Constitución del 91 indica que la reforma abarcará la totalidad de la Carta Política, pero aclara que no revocará al Congreso. Asimismo, establece límites claros al proceso, como el respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas de ius cogens, y la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales.
El documento subraya que cualquier modificación deberá preservar los principios del Estado social de derecho, la democracia participativa y la separación de poderes. También incorpora el principio de no regresividad en derechos sociales, asegurando que las conquistas sociales no puedan ser eliminadas.
El Gobierno Petro plantea que los ciudadanos podrán desarrollar campañas a favor, en contra o por la abstención sobre el contenido de la ley que convoque la Constituyente. Además, autoriza al Ejecutivo y a las entidades estatales a diseñar estrategias pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre el alcance, trámite y objetivos del proceso.
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