Gran jurado de Nueva York imputó a Maduro y Cilia Flores por "tortura" contra ciudadanos estadounidenses
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Un gran jurado federal de Nueva York imputó Nicolás Maduro y Cilia Flores por cinco delitos que abarcan desde el narcotráfico y el narcoterrorismo hasta la tortura y el uso de armas. La acusación sostiene que actuaron con la ayuda de al menos otros tres altos jerarcas chavistas, identificados únicamente con los nombres clave de CC-1, CC-2 y CC-3, cuyas identidades permanecen bajo secreto de sumario.
Durante más de 25 años, Maduro y Cilia utilizaron el poder del Estado venezolano para enriquecerse, facilitar el tráfico de cocaína, proteger a sus aliados y aplastar a quienes podían poner en peligro su permanencia en el poder, según ese tribunal.
Para ello, según una nueva acusación presentada este jueves y que ya avanzó ABC el miércoles, se sirvieron de militares, policías, agentes de inteligencia, jueces y otros altos jerarcas del régimen. Cuando la corrupción y el dinero no les bastaban, llegaban la detención, el secuestro y la tortura.
Es el retrato que ofrece la nueva acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Son 30 páginas que amplían considerablemente el caso contra Maduro y su esposa tras la detención del 3 de enero y que incorporan ahora un cargo específico de conspiración para cometer torturas.
El escrito sostiene que ambos presidieron un sistema de represión que recurrió a descargas eléctricas, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, aislamiento y amenazas de matar o violar a familiares de los detenidos. Entre las víctimas hubo también ciudadanos estadounidenses.
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Detalles
La acusación está firmada por el fiscal federal James M. McDonald y mantiene a Maduro y Flores como los dos acusados identificados. Pero no los presenta actuando solos. Una de las novedades más relevantes está precisamente en aquellos a quienes el gran jurado no identifica: los otros altos cargos del régimen aparecen una y otra vez en el relato como integrantes del círculo de Maduro y Flores o bajo las denominaciones CC-1, CC-2 y CC-3. Sus nombres no constan pero sí que constan sus actos.
Lo que hace la Fiscalía es dejar suficientes datos sobre sus funciones, fechas, reuniones y actividades para dibujar el perfil de tres figuras importantes del aparato chavista. La acusación habla además de otros participantes «conocidos y desconocidos», por lo que esos tres personajes no agotan la estructura investigada.
El primero, CC-1, aparece como una figura con poder sobre militares, vínculos directos con el narcotráfico y acceso al círculo de Maduro. La Fiscalía remonta su actividad al menos a 2006. Ese año, según la acusación, Maduro y Flores ordenaron a integrantes de sus equipos de seguridad supervisar y facilitar el transporte de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilos utilizando la Guardia Nacional Bolivariana. Una década después, CC-1 habría ordenado a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, coordinar el movimiento de cargamentos de droga. Esa cocaína procedía de las FARC.
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CC-1 no se habría limitado a proporcionar protección. Según los fiscales, utilizó a militares bajo su control para interrogar a narcotraficantes rivales y favorecer así sus propios negocios. El escrito atribuye a Maduro y Flores órdenes a sus escoltas para secuestrar, golpear e incluso asesinar a personas que debían dinero por operaciones de droga.
La conexión con las guerrillas colombianas ocupa una parte importante del relato armado por los fiscales. La Fiscalía sostiene que, después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores asistieron a una reunión con dirigentes de las FARC en la que participaron Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Maduro debía dinero a las FARC relacionado con su asociación en el tráfico de drogas, según la acusación, y habría aceptado vender explosivos y otras armas al grupo.
En 2017, CC-1 habría dado un paso más: ordenó a miembros de la DGCIM transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las FARC y el ELN. Los militares llevaban la droga en vehículos de carga hasta una base venezolana y desde allí a un puerto para su envío al extranjero. Una parte significativa de esa cocaína, sostiene la Fiscalía, acababa entrando en Estados Unidos.
Según el gran jurado, el alto responsable CC-2 participaba en reuniones con Maduro, Cilia y otros jerarcas y tenía responsabilidad directa sobre detenciones e interrogatorios. La acusación describe una reunión celebrada a comienzos de 2014, cuando las protestas contra el Gobierno se extendían por Venezuela. Maduro habría planteado secuestrar a entre cinco y siete militares sospechosos de deslealtad para averiguar, mediante tortura, si existía disensión dentro de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía asegura que Maduro recibía posteriormente informes sobre los detenidos. CC-2 le comunicaba si alguno había cambiado de actitud. En una ocasión, ante un militar que seguía resistiéndose, Maduro hizo con las manos el gesto de «apretar» y ordenó que aumentara la intensidad de los abusos.
La acusación describe también el caso de un militar, identificado únicamente como Víctima-2, detenido por orden de Maduro en noviembre de 2013. Fue trasladado a un campamento en Colombia, en una zona controlada por las FARC, y sometido durante aproximadamente dos semanas a interrogatorios de miembros de la guerrilla y de la DGCIM.
Los fiscales describen lo ocurrido con detalle. Recibió unas veinte descargas eléctricas. Fue golpeado en las piernas, la espalda y la cabeza. Lo obligaron a permanecer tumbado sobre un colchón compuesto únicamente por muelles metálicos. Lo colgaron de las manos y los pies durante varios minutos y le provocaron pérdida de conocimiento. Después le vertieron agua en la nariz y la boca para simular que se ahogaba. La maniobra se habría repetido unas 30 veces. Sus interrogadores amenazaron además con secuestrar y violar a su hija si no confesaba.
CC-2 aparece después en otros episodios. En 2017, según la Fiscalía, informó a personal de la DGCIM de que Maduro había ordenado tratar con especial crueldad a militares detenidos porque temía un levantamiento.
El tercer personaje, CC-3, aparece vinculado directamente al DGCIM y también conecta los dos grandes pilares del caso: droga y tortura.
Entre 2022 y junio de 2024, aproximadamente cada tres semanas, CC-3 habría ordenado a integrantes de la DGCIM participar en cargamentos de cocaína obtenidos después de que un empresario local fuera obligado a venderlos con un fuerte descuento. CC-1 mantenía contactos periódicos con el ELN para garantizar que la cocaína pudiera atravesar territorio venezolano fronterizo con Colombia. Desde allí, los cargamentos salían en vuelos clandestinos autorizados por militares venezolanos para evitar su detección en América del Sur y Central. Esos contactos con narcotraficantes colombianos continuaron, según el escrito, al menos hasta 2025.
CC-3 aparece también personalmente en salas de interrogatorio. Uno de los relatos más duros corresponde a un ciudadano estadounidense identificado como Víctima-7. Fue detenido por el DGCIM cuando entraba en Venezuela en enero de 2022. Durante dos o tres días fue golpeado, asfixiado y sometido a descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales. En una ocasión, sostiene la acusación, CC-3 supervisó personalmente cómo lo electrocutaban, se rio de él y se burló mientras recibía las descargas. Después ordenó a otros agentes que continuaran. El estadounidense permaneció ocho meses y medio preso en Boleíta Norte antes de ser liberado en octubre de 2022.
Otro estadounidense, la Víctima-8, fue detenido en agosto de 2023 cuando viajaba a Venezuela para visitar a su familia. Los agentes de la DGCIM lo atacaron y le causaron una lesión de espalda que requirió hospitalización. Después lo llevaron a Boleíta Norte. Durante el traslado, según el gran jurado, le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y un dispositivo de presión en los tobillos hasta hacerle perder el conocimiento varias veces.
En prisión continuaron las palizas y los abusos por orden de CC-3. Uno de sus torturadores le explicó que seguía vivo únicamente porque CC-3 había descubierto que era estadounidense y podía resultar útil para un intercambio de prisioneros.
Hay un tercer estadounidense en el relato. Fue detenido en enero de 2025 después de que agentes acudieran a su domicilio. En la sede del DGCIM lo esposaron con las manos a la espalda, le cubrieron la cabeza y durante dos días le golpearon repetidamente la cara, la cabeza y el estómago, aproximadamente cada media hora. Los golpes le dejaron una lesión permanente en un ojo. Tras casi un año detenido, fue trasladado al aeropuerto y liberado el 15 de enero de 2026. Los agentes advirtieron a él y a otros estadounidenses de que no podían contar que el Gobierno venezolano los había maltratado.
El escrito recoge otros episodios que recogen dos décadas. Refiere deaopositores sometidos a aislamiento, luces intensas y ruido constante; de detenidos golpeados con machetes; de descargas eléctricas en genitales; de amenazas contra niños; y de presos a los que se habría obligado a beber agua mezclada con orina.
La Fiscalía atribuye a Maduro un grado de conocimiento directo de esos abusos. En una reunión de 2022 con miembros del poder judicial, incluidos Flores y CC-1, habría indicado qué jueces debían recibir instrucciones y cuáles debían obedecerlas. Según la acusación, algunos jueces recibían además un «bonus» mensual de 1.000 dólares. Cuando una funcionaria judicial intentó resistirse a una orden para impedir que determinados opositores concurrieran a unas elecciones, familiares suyos fueron detenidos y torturados por la DGCIM.
El gran jurado sostiene que la violencia no era un elemento separado del narcotráfico, sino parte del mismo sistema chavista. El dinero de la droga y de otras actividades corruptas servía para recompensar a los leales; las instituciones del Estado protegían las operaciones; y la violencia servía para castigar a rivales, silenciar a opositores y mantener la estructura.
Son cinco críos totales de conspiración de narcoterrorismo; conspiración para cometer tortura; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseerlos. La Fiscalía sitúa la conspiración desde al menos 1999 hasta 2025 y pide además el decomiso de bienes y ganancias derivados de los delitos.
Con información de ABC
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