¿GUAPO Y APOYADO? Corte Suprema de EE.UU. avala política de deportación de migrantes de Biden
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El fallo es la consecuencia de un recurso presentado por los gobernadores republicanos de Texas y Luisiana
La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este viernes una clara victoria al gobierno del demócrata Joe Biden al autorizarlo a aplicar la política que escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados.
Por una mayoría de ocho jueces de nueve, el Tribunal Superior rechazó por razones de procedimiento una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana, en manos de republicanos, reseña AFP.
Esta sentencia permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1 de noviembre de 2020.
Más de once millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos. «No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos», justificó Mayorkas, defendiendo una visión contrapuesta a la del expresidente republicano Donald Trump.
La directiva fue impugnada de inmediato ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana, alegando que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales. Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política.
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Los argumentos de la Corte
El gobierno de Biden recurrió entonces a la Corte Suprema, que finalmente estuvo de acuerdo con él sin entrar a considerar los argumentos de fondo.
«Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones», pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.
«En aplicación de este principio fundamental (…), concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda», señaló.
«La decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el Ejecutivo tiene total libertad» en la materia, aclaró, dejando la puerta abierta a futuras demandas.
Las llegadas clandestinas a la frontera sur de Estados Unidos habían alcanzado máximos históricos antes del cambio en las reglas de inmigración hace seis semanas, y siguen siendo altas, con casi 170.000 arrestos en mayo.
Este tema, que divide profundamente a la sociedad estadounidense, debería ser uno de los principales de la campaña presidencial de 2024.
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