Hacinamiento carcelario en Colombia llega al 28,6 % y en centros transitorios supera el 142 %
El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 28,6 % en 2025 y en centros de detención transitoria llega al 142 %, según el INPEC.
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El hacinamiento carcelario en Colombia volvió a dispararse este año y alcanza niveles preocupantes tanto en establecimientos penitenciarios como en centros de detención transitoria. Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la sobrepoblación nacional llegó al 28,6 %, mientras que en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) el desbordamiento es de 142,5 %.
Un problema estructural en las cárceles
De acuerdo con los datos actualizados, las cárceles del país albergan a 104.395 personas privadas de la libertad, pese a que fueron diseñadas para 81.139 cupos. Esto significa que el sistema penitenciario colombiano soporta casi 25.000 internos adicionales a su capacidad instalada.
Aunque a nivel general se considera que las cárceles de mujeres no registran altos niveles de sobrepoblación, el panorama revela excepciones críticas. En Bogotá, el hacinamiento alcanza el 40,8 %, mientras que en el departamento del Cesar llega al 140 %, lo que confirma que el hacinamiento carcelario en Colombia también golpea de forma desproporcionada a las mujeres privadas de la libertad.
Centros transitorios al borde del colapso
La situación es aún más grave en los lugares de detención temporal. De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, al 15 de septiembre de 2025 las estaciones de policía y las URI registraban un hacinamiento del 142,56 %.
Estos centros cuentan con capacidad para 9.687 personas, pero actualmente albergan a 20.889, más del doble de lo permitido. Expertos advierten que estos espacios no fueron diseñados para reclusiones prolongadas, sino para detenciones cortas y preventivas, lo que convierte la situación en un riesgo humanitario.
Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, advirtió que el hacinamiento no solo es un problema numérico, sino que se traduce en vulneraciones constantes a los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
“El problema real se refleja en la falta de acceso a salud, alimentación digna, educación y justicia. Seguir construyendo cárceles no ha resuelto nada; tampoco lo hará la privatización de los centros penitenciarios, como algunos proponen”, señaló el académico.
Un ejemplo de esas carencias es que, según el INPEC, más de 4.300 internos no saben leer ni escribir, pero apenas 1.374 participan en programas de alfabetización.
Para Escobar, la crisis del sistema penitenciario obedece a una política criminal basada en el aumento de penas y en la judicialización masiva, sin apostar de manera real por la prevención del delito ni por alternativas distintas a la cárcel.
“La criminología ha demostrado que las penas más severas no reducen el crimen y que, en la práctica, las cárceles terminan convirtiéndose en escuelas de delincuencia. Si hemos sido capaces de pensar en modelos restaurativos para crímenes de guerra, ¿por qué no aplicar enfoques similares para delitos comunes?”, cuestionó el experto.
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