Las autoridades colombianas conformaron una comisión especial para hacer un censo de esa población y hasta buscan la forma de legalizar el terreno donde están asentados los migrantes, con la finalidad entregarlo a las familias
La Procuraduría General de Colombia anunció una serie de acciones para “resolver el problema social” originado por el asentamiento de más de 15.000 migrantes irregulares en la pista del antiguo aeropuerto de Maicao, en la frontera con Venezuela, por el estado Zulia.
El organismo informó que designó una comisión especial entre la Cancillería, Migración Colombia, Gestión del Riesgo, ICBF, Súper Servicios, gobernación de La Guajira y administración municipal de Maicao, para atender a los extranjeros, gran parte de ellos venezolanos.
“Tras varias horas de trabajo en la mesa convocada por el Ministerio Público, las entidades acordaron realizar un censo y caracterización de la población asentada en este lugar”, indica la Procuraduría en una nota.
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La idea es “determinar cuántos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales residen allí de manera permanente, su condición socioeconómica y necesidades apremiantes”.
La institución espera “implementar con base en dicha información, planes y programas que permitan la pronta llegada de los servicios públicos, atención en salud, educación y primera infancia”.
Por su parte, Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, anunció que convocará al Ministerio de Vivienda para que, junto con la alcaldía, “definan la factibilidad jurídica de legalizar los terrenos de La Pista en favor de estas familias o reubicarlos en otro predio y poder así desarrollar planes de vivienda de interés prioritario”.
Asimismo, aseguró a que la Procuraduría “hará estricto seguimiento a los compromisos adquiridos para garantizar que se respeten los derechos de esta comunidad vulnerable”.
