HRW: Maduro persigue a organizaciones humanitarias
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La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra organizaciones humanitarias en Venezuela
Voceros de la organización no gubernamental HRW, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, aseguran que dentro de la administración Maduro acosan a grupos de la sociedad civil.
La persecución es contra organizaciones de la sociedad civil “que están realizando una labor esencial para hacer frente a la actual emergencia humanitaria en el país”.
Y atienden a una población que está atravesando la peor crisis de su historia. «Acosando y procesando a las organizaciones de la sociedad civil (…)»
Para Human Rights Watch (HRW) la persecución de la dictadura está dirigida por Maduro y es llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que responden al régimen chavista.
Campaña sistemática contra ONG
La ONG puntualizó que se trata de una campaña sistemática contra los grupos de derechos humanos y humanitarios que operan en el país.
«Incluye la congelación de cuentas bancarias, la emisión de órdenes de detención y el allanamiento de oficinas, así como la detención de algunos miembros para su interrogatorio».
En el comunicado también se asevera que las autoridades bancarias imponen restricciones que limitan la capacidad de los grupos de la sociedad civil para operar.
Y que «el Gobierno no ha proporcionado a los principales organismos de ayuda humanitaria permisos para que el personal internacional pueda entrar en el país».
“Al bloquear el trabajo de las organizaciones de ayuda en medio de una emergencia humanitaria (…) las autoridades venezolanas están demostrando que se preocupan más por reprimir a su gente que por ayudarla”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Por eso instó a la comunidad internacional a presionar a la dictadura venezolana “con fuerza y urgencia” para que permita a los grupos humanitarios “operar y evitar más pérdidas de vidas evitables”.
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Restricciones puntuales
HRW recordó ataques entre noviembre y ciciembre contra grupos humanitarios:
Alimenta la Solidaridad: a seis de sus cooperantes la Procuraduría General de la República les emitió orden de captura.
Esta OGN junto con Save the Children administra 239 comedores que proporcionan alimentos a 25.000 niños y entrega 1.500 comidas diarias a trabajadores de la salud.
Por lo tanto se les acusa de lavado de dinero y pertenencia a una asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal en el caso contra ellos.
Al día siguiente, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron las antiguas oficinas de la ONG, en Caracas, sin “ninguna orden” judicial.
ONG Convite: agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), allanaron las oficinas de la organización que protege a personas mayores.
“Los oficiales mostraron al personal de Convite lo que dijeron que era una orden de registro que les permitía buscar explosivos, armas y actividades relacionadas con el terrorismo”.
Los uniformados incautaron equipos de comunicación y llevaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su gerente administrativo, Patrizzia Latini, a la sede de la FAES para interrogarlos.
Son según HRW «abusos atroces» por parte de la FAES-
E incluyen ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad, el allanamiento de morada, la toma de pertenencias personales y la perpetración de actos de violencia.
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