Felipe González, relator de la ONU, condenó la violencia que se suscitó en Iquique, Chile, cuando una marcha atacó a un grupo de migrantes venezolanos
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó como de «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra las pertenencias de un grupo de migrantes venezolanos.
Este hecho ocurrió el sábado durante una marcha contra la inmigración irregular en Chile, reseñó la agencia EFE.
En la marcha que convocó alrededor de 5.000 personas en Iquique, un grupo de manifestantes quemó las carpas utilizadas para pernoctar en plazas y playas.
«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal», escribió González en Twitter respecto a estos hechos.
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«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», continuó.
Un problema humanitario y sanitario
El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
«Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», agregó.
A la fecha son alrededor de 3.500 migrantes —según algunos vecinos— los que se encuentran varados en las calles de Iquique.
Ingresaron por frontera
Gran parte de ellos ingresaron a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país.
Razón por la cual, terminan durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone 40% más que en todo 2020.
