INCAUTAN BIENES de «LOS VIAJEROS»: conocidos por lavar dinero entre Colombia y Panamá
Se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio de 13 bienes, avaluados comercialmente en 4.067.415.504 de pesos
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), logró afectar las finanzas criminales de varias personas integrantes de una misma familia, conocida como «Los Viajeros».
La misma se dedicaba al lavado de activos «mediante la modalidad de fraccionamiento o pitufeo», informó la institución en una nota.
La incautación se n efectuó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el apoyo de las autoridades francesas y de la Secretaria de Seguridad de Medellín.
En el operativo se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio de 13 bienes, avaluados comercialmente en 4.067.415.504 de pesos.
Entre los bienes objeto de las medidas se encuentran 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio, de ellos fueron ocupados dos lujosos apartamentos ubicados en el exclusivo sector del Poblado de la ciudad de Medellín y una quinta campestre de descanso en el municipio de San Jerónimo (Antioquia), además de un apartamento en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca).
Estas propiedades se encontraban en titularidad de Paula Andrea Gutiérrez Ramírez, capturada en diciembre de 2023, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y de uno de sus familiares.
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La investigación
La investigación inició con un informe de inteligencia financiera, en el que reportan operaciones sospechosas por varios depósitos de dinero en efectivo por parte de Paula Andrea Gutiérrez y sus familiares, quienes registraron fraccionamiento de dinero proveniente de Panamá, el cual no pasaba por los canales financieros normales.
Los investigadores establecieron que de esta manera, lograron ingresar ilegalmente al país y al sistema financiero más de 2.000 millones de pesos a través de montos consignados por cada uno de los integrantes de la organización y por medio de la empresa Pavea S.A.S.
Este dineros terminaban en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con el fin de dar apariencia legal al capital traído del exterior, que no era declarado en los formatos establecidos por las autoridades colombianas.
Los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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