Instituto Casla pide a la ONU y la Cruz Roja verificar situación de militares presos en el fuerte Guaicaipuro
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Mediante un comunicado publicado en su redes sociales, Tamara Suju, presidenta del Instituto CASLA, pidió la intervención urgente de la ONU y la Cruz Roja en la verificación del estado en que se encuentran los militares presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.
La organización advierte que los detenidos se encuentran sometidos a condiciones inhumanas, incomunicación prolongada y prácticas que constituyen tortura física y psicológica.
El llamado se hace luego de que los familiares de los detenidos pudieron verlos tras seis meses sin contacto y constataron la situación inhumana en la que se encuentran los reos.
Según el documento del Instituto Casla, los presos permanecen aislados desde julio, agosto y noviembre de 2025, dependiendo del grupo, lo que constituye por sí mismo un trato cruel contrario a los estándares internacionales.
Patrón sistemático de abusos
El Instituto CASLA afirma que ha recibido información que describe un patrón sistemático de abusos, incluyendo golpizas, suspensión corporal, enterramientos parciales bajo el sol, privación de agua y alimentos adecuados, así como suministro de comida en mal estado que ha provocado graves afecciones de salud.
También se reportan métodos de tortura psicológica como exposición permanente a luz intensa, interrupción del sueño con ruidos y música a alto volumen, amenazas, humillaciones y condiciones degradantes durante la alimentación.
Familiares que lograron ver brevemente a algunos detenidos describieron un deterioro alarmante, con signos de deshidratación, desnutrición, temblores, desorientación y cambios visibles en la coloración de la piel y los ojos.
Consecuencias irreparables
El Instituto CASLA advierte que la situación podría derivar en consecuencias irreparables si no se actúa de inmediato.
este escenario, la organización pidió la presencia urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja, la intervención de la Cruz Roja Venezolana, una visita inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la actuación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También exigió la liberación inmediata de todos los detenidos y su traslado a centros hospitalarios donde puedan recibir atención médica independiente y especializada.
El comunicado concluye con un llamado directo a la comunidad internacional, advirtiendo que el silencio y la inacción frente a estas denuncias podrían facilitar una tragedia mayor.
CASLA reiteró que la responsabilidad de proteger la vida e integridad de los detenidos recae en el Estado venezolano y en los organismos multilaterales que supervisan el cumplimiento de los derechos humanos en la región.
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