Está detenido desde junio del año pasado, acusado del apagón en Nueva Esparta y fue sentenciado a 8 años de cárcel
A través del Comité de Familiares de los Presos Políticos (ClippVe), se aclaró la mañana de este jueves que Jesús José Gutiérrez González, de 48 años, sigue con vida.
La ONG hizo la aclaratoria en su cuenta en X, donde cuenta que recibieron una llamada de sus familiares informando que Gutiérrez no murió, como difundieron la noche del miércoles.
“La noche de este jueves #30Ene, su familia, en medio de la desesperación, nos solicitó ayuda, ya que diversas fuentes les informaron sobre su supuesto fallecimiento, debido a su delicado estado de salud, según nos relató su hermana.
Ante nuestra insistencia en confirmar la fuente extraoficial que les notificó la noticia, nos aseguraron su veracidad. Sin embargo, esta mañana, la hermana del Sr. Jesús José Gutiérrez González recibió una llamada en la que le informaban que seguía con vida.
Es imperativo que el Estado y sus instituciones informen de manera oportuna y transparente a los familiares sobre la situación de los presos políticos. La política de opacidad y la negación de información veraz y oportuna han obligado a los familiares a recurrir a fuentes no oficiales para conocer el estado de sus seres queridos, lo que genera confusión y angustia.
Seguimos exigiendo que se respeten los derechos humanos y acompañando a los familiares y víctimas de la represión en #Venezuela, un fenómeno sin precedentes en todo el continente”, destaca el Comité en el post.
Detenido desde junio
Jesús fue detenido el 23 de junio de 2024, acusado de ser el presunto responsable de apagón en el estado Nueva Esparta.
Familiares de Gutiérrez, según el comité, supieron que este se encuentra en la enfermería del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (antigua cárcel de La Planta), en Caracas, desde el pasado 24 de enero, cuando tuvieron el último contacto con él a través de una videollamada.
Según sus allegados, “Jesús manifestó que tenía dificultades para respirar y presentó signos de apnea. Además, esperaba ser trasladado a Margarita para ser intervenido quirúrgicamente por una eventración abdominal que ya había alcanzado un estado crítico, provocando la protrusión de sus órganos internos a través de la piel”, denuncia la NNG.
Cuentan que “a mediados de enero de 2025, Jesús había sido condenado a ocho años de prisión por supuestos actos de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional. Sus familiares aseguran que esta condena lo afectó profundamente, pues la consideraba injusta y temía no soportar estar encarcelado tanto tiempo por un delito que no cometió”.
Relata el comité que “Jesús, quien además padecía insuficiencia cardíaca, llevaba más de tres meses recluido en la antigua cárcel La Planta, tras ser trasladado desde Tocorón, estado Aragua, a finales de septiembre de 2024. Previamente, había llegado a Tocorón el 28Jul, junto con otros presos políticos detenidos en el contexto poselectoral”.
Aseguran que pertenece “a una familia humilde, sus allegados dan fe de su honestidad, solidaridad y compromiso con su comunidad y los valores democráticos”.
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La detención
ClippVe cuenta que al momento de su detención, Gutiérrez “trabajaba como vigilante en el Centro Comercial CCM de Margarita”.
“Su detención fue vista como una gran injusticia por familiares y amigos, especialmente considerando que las interrupciones del servicio eléctrico en la Isla de Margarita son frecuentes y la negligencia gubernamental en esta materia, evidente.
En el momento del apagón del que fue acusado, residentes de la isla ya habían denunciado interrupciones constantes del servicio eléctrico de hasta 9 horas diarias, así como fuertes lluvias durante esos días, las cuales provocaron inundaciones. Tras estas precipitaciones, se reportaron explosiones de transformadores.
Inicialmente, el fiscal a cargo del caso, respetando el principio de presunción de inocencia, solicitó que Jesús permaneciera en libertad mientras se llevaban a cabo las investigaciones.
Sin embargo, tras conocerse su liberación en la audiencia de presentación, el Ministerio Público revocó al fiscal de su cargo, y Jesús fue nuevamente detenido bajo la acusación de daño al sistema eléctrico”.
El comité asevera que “es urgente que el Estado venezolano ponga fin a la práctica de instrumentalizar la justicia para perseguir a personas inocentes, que son identificadas como opositoras o sospechosas de serlo. Además, tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de todas las personas bajo su custodia.
El incumplimiento de estos deberes constituye una violación grave de los derechos humanos, y la responsabilidad en estos hechos no puede quedar impune”.