José Guerra cuestionó anuncios de Delcy Rodríguez sobre "cuatro aumentos" en los ingresos
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El economista y docente universitario José Guerra cuestionó el esquema de ajustes en “los ingresos de los venezolanos” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el año 2027.
En su cuenta en Instagram, Guerra dijo que condicionar los incrementos al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) real constituye “un error de diseño macroeconómico” que no protegerá la capacidad de compra de los trabajadores.
Agregó que, al hacer el incremento sobre la base exclusivamente de la variación del PIB real, la fórmula omite el componente inflacionario, lo que impondría un techo a los ajustes en el ingreso laboral que difícilmente superaría un 10%.
Detalló que el indicador de producto real mide la producción física desprovista del efecto de los precios, por lo que una economía que crezca a tasas moderadas otorgaría incrementos de muy baja magnitud, insuficientes para compensar el costo de vida.
De acuerdo con sus estimaciones, bajo este mecanismo los aumentos laborales difícilmente superarían un tope del 10%.
Ante esto, Guerra planteó que la política salarial debería estructurarse en función de la evolución de la inflación. A su juicio, un esquema referenciado en el índice de precios permitiría preservar o eventualmente incrementar el poder adquisitivo de la fuerza laboral, en la medida en que el ritmo de alza de los precios comience a desacelerarse.
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Proponen indexar salarios a la inflación ante incertidumbre
Como alternativa, Guerra planteó que los aumentos deben tomar en cuenta el comportamiento de la inflación. A su juicio, vincular la política salarial con el índice de precios permitiría establecer mecanismos para proteger el poder adquisitivo y recuperar parte de los ingresos perdidos, especialmente si se desacelera el ritmo de aumento del costo de vida.
El anuncio de los cuatro ajustes tampoco aclaró si las modificaciones se aplicarán directamente al salario base o si continuarán bajo el esquema de bonificaciones que ha caracterizado la política de remuneración del ejecutivo. La falta de precisiones mantiene abiertas las interrogantes sobre sus efectos en las prestaciones sociales y otros beneficios laborales.
La propuesta se conoce mientras los gremios sindicales mantienen sus exigencias de mejoras salariales y reclaman respuestas ante la depreciación de los ingresos. Entre sus demandas también figura la revisión de las prestaciones sociales y los aguinaldos correspondientes a 2026.
Con información de El Nacional
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