Jueza de EE. UU. extiende TPS para migrantes de Nicaragua y Honduras
La protección que permitía a 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en EE. UU. expiraban el 8 de septiembre
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Una jueza federal de California extendió Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para 60,000 migrantes de Centroamérica y Asia, incluidas personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban la protección que se les había otorgado.
Las designaciones de TPS para aproximadamente 7,000 personas de Nepal estaban programadas para expirar el 5 de agosto.
Y las protecciones que permitían a 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos desde hace más de 25 años expiraban el 8 de septiembre.
La secretaria afirmó que tanto Honduras como Nicaragua habían logrado un "progreso significativo" en la recuperación del huracán Mitch de 1998.
El TPS es una protección temporal que puede otorgar el Departamento de Seguridad Nacional a personas de diversas nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, lo que les impide ser deportadas y les permite trabajar.
La Administración Trump ha buscado agresivamente eliminar esta protección, lo que hace que más personas sean elegibles para ser deportadas.
Las terminaciones son parte de un esfuerzo amplio por parte de la administración republicana para deportar inmigrantes en masa, persiguiendo a personas que están en el país ilegalmente, pero también eliminando protecciones que han permitido a personas vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
Noem puede otorgar estatus de protección temporal a personas de varios países ya presentes en Estados Unidos si las condiciones en su país de origen impiden un retorno seguro, como en caso de desastre natural o inestabilidad política.
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Presión contra los migrantes
El Gobierno de Trump ya ha terminado el TPS para unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.
Los abogados de la Alianza Nacional TPS argumentan que las decisiones de Noem no se basaron en un análisis objetivo de las condiciones en los países de origen, sino que fueron predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por animosidad racial.
Dicen que los designados usualmente tienen un año para salir del país, pero en este caso, recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, dijo Ahilan Arulanantham, un abogado de los demandantes, en una audiencia el martes.
El Gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara y no revisable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos de la administración en materia de inmigración y política exterior.
El abogado del Departamento de Justicia William Weiland dijo que no es un pretexto tener una visión diferente de un programa que proporciona refugio seguro temporal.
“No está destinado a ser permanente”, dijo.
Con información de AP
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