Junto con socios españoles y costarricenses, ideó un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones para la estatal petrolera venezolana, en violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos
Un venezolano fue sentenciado a 30 meses de prisión por evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la petrolera estatal PDVSA, a través de una trama que exportaba piezas de aviones por millones de dólares, informó la Fiscalía estadounidense.
George Semerene Quintero, de 61 años, y quien en agosto pasado se declaró culpable, deberá cumplir tres años de libertad vigilada una vez cumpla su condena, de acuerdo al Departamento de Justicia de EE.UU., apunta EFE.
Semerene admitió ante la justicia del país norteamericano de que hizo parte de un plan ilícito que involucró a diez personas, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, quienes fueron acusados de evadir sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU. a PDVSA mediante la exportación de piezas de aviones.
Según la acusación, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, en violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos.
Las piezas incluían, entre otros, motores Honeywell Turbofan, cojinetes y flexores para dar servicio a la flota de aviones de la estatal petrolera en Venezuela.
Los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino a la petrolera venezolana, y para ello hicieron declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío, falsificaron facturas de proveedores y proporcionaron falsos certificados de usuario final.
Semerene, que era empleado del departamento de adquisiciones de PDVSA, y sus cómplices utilizaron transportistas y empresas navieras ubicadas en el distrito sur de Florida para la movilización de las piezas.
De acuerdo al Departamento de Justicia, los acusados se valieron además de terceros en otros países para sus exportaciones, incluida una empresa en Costa Rica, Novax Group SA, y una empresa en España, Aerofalcon SL, para actuar como supuestos compradores y usuarios finales de las piezas de avión.
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“El Departamento de Justicia está comprometido a hacer cumplir las sanciones impuestas al régimen de Maduro y no tolerará a quienes violen la ley y socaven nuestra seguridad nacional”, señaló en una nota de prensa el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional de este departamento.
