Justicia de EE. UU. imputó a venezolano detenido "por amenazas" contra el presidente Trump
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el ciudadano venezolano Ronny Guanipa-Chrinos, de 26 años, fue acusado formalmente ante un tribunal federal por presuntas amenazas contra el presidente Donald Trump y posesión ilegal de armas de fuego, tras ser detenido en una camioneta robada en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C.
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, anunció que Guanipa-Chrinos enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego y municiones mientras se encontraba en situación migratoria irregular, posesión ilegal de un vehículo robado, amenazas contra el presidente de Estados Unidos y amenazas de causar lesiones a otra persona.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 5 de noviembre, aproximadamente a las 11:42 p. m., un agente del Servicio Secreto detectó una camioneta Ford F-150 azul estacionada en Constitution Avenue, cerca de la zona conocida como Elipse, al sur de la Casa Blanca. En el interior del vehículo se encontraba un hombre dormido al volante.
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Durante el registro de la camioneta, los agentes localizaron tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas de 9 milímetros y un arma con componentes de rifle, además de 72 cartuchos de munición de distintos calibres.
«Gracias a la rápida actuación de los agentes del Servicio Secreto, un extranjero en situación migratoria irregular que poseía armas de fuego fue detenido en una camioneta robada cerca de los terrenos de la Casa Blanca», declaró Pirro.
La fiscal advirtió que las autoridades federales no tolerarán amenazas contra el mandatario estadounidense ni la posesión ilegal de armamento.
Según el Departamento de Justicia, Guanipa-Chrinos había sido detenido previamente en marzo de 2024 por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cerca de El Paso, Texas, donde admitió haber ingresado irregularmente a territorio estadounidense desde México.
El acusado compareció el lunes 9 de noviembre ante la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien ordenó mantenerlo bajo custodia mientras continúa el procedimiento judicial.
La investigación está a cargo del Servicio Secreto, con la colaboración de CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia dirige el proceso penal.
Departamento de Justicia
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