La decisión de la CPI sobre Venezuela “es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron. También para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”, dice José Miguel Vivanco, director de HRW
“La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación sobre Venezuela abre la puerta para que las víctimas de las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro tengan acceso a la justicia”. La afirmación la hizo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)
“Esta es la primera investigación de la CPI en las Américas. Ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano”, destacó Vivanco, en un comunicado.
“El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron. También para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”, agregó.
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Los informes de HRW
Vivanco recordó que HRW publicó informes en 2014 y 2017 y los compartió con la Fiscalía de la CPI. En ellos “identificamos abusos generalizados durante la arremetida contra opositores en Venezuela. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon y torturaron gravemente a detenidos. También emplearon la fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra manifestantes y transeúntes en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores del gobierno”.
Asevera que “el tipo de abusos y el momento en que se produjeron sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley ni dispersar las protestas. Era castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas”.
Destaca que “las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que los abusos no eran casos aislados, ni el resultado de excesos cometidos por agentes insubordinados. Por el contrario, los reiterados abusos generalizados permiten concluir que los abusos han sido sistemáticos”.
Recordó Human Rights Watch que también documentó casos de desapariciones forzadas que se extendieron durante varios días o semanas. Así como otros abusos aberrantes desde 2014.
En un informe publicado en abril de 2021, Human Rights Watch documentó “nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y casos de tortura en el estado Apure”.
Denuncia que estos hechos “siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Lo que hará la CPI
HRW informó, por otra parte, que “el presupuesto de la corte, financiado por sus Estados miembros, ha tenido un crecimiento prácticamente nulo desde 2017. El fiscal deberá priorizar esfuerzos para que los Estados miembros de la CPI se comprometan a aumentar los recursos. Esto, para cumplir con su mandato”.
Explica que “la CPI actúa como tribunal de última instancia, interviniendo únicamente cuando los tribunales nacionales no tienen la capacidad o el interés para investigar y juzgar los delitos internacionales más graves, según corresponda”.
Pero, recuerda que “las autoridades judiciales son cómplices de los abusos. Esto, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicado en septiembre”.
“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló Vivanco.
“Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal”, recomendó.
