La SIP denuncia que en Venezuela persiste “una política sistemática de censura”
Documentó la detención de 18 periodistas, entre ellos Nakary Mensa y su esposo
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela persiste “una política sistemática de censura”, con al menos 80 portales de noticias bloqueados, incluyendo medios internacionales.
El informe, presentado al cierre de la 81ª Asamblea General de la organización en Punta Cana, República Dominicana, advierte que las restricciones se ejecutan por orden de Conatel y a través de empresas de telecomunicaciones que trabajan en el país.
“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet”, precisa el informe.
"Una compañía europea no debería participar en la vulneración de derechos humanos fuera de su ámbito jurisdiccional”, agrega.
Según el informe, la radio y la televisión están sometidas al control del Estado a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), calificada como un instrumento punitivo y discrecional que genera autocensura generalizada entre los medios y comunicadores.
"No existen medios impresos verdaderamente independientes; solo algunos periódicos alineados con el gobierno continúan circulando”, añade el documento.
La SIP documentó 18 detenciones de periodistas y trabajadores de medios durante el último año, en el marco de lo que considera una “grave represión contra la prensa independiente”.
Entre los casos más recientes, el informe destaca la privación de libertad de la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, acusados de instigación al odio tras publicar un reportaje sobre inseguridad en Caracas.
La SIP denunció además el traslado a un lugar desconocido del periodista Roland Carreño, detenido desde agosto de 2024 y recluido en la sede del Sebin, El Helicoide. Su familia ha denunciado que no ha podido comunicarse con él ni visitarlo desde hace semanas.
El informe también advierte sobre el riesgo de un aumento de la represión tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de decretar el estado de conmoción exterior en respuesta a la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.
La destaca que la situación actual refleja “el deterioro más profundo de la libertad de prensa en la región” y llama a la comunidad internacional a exigir el restablecimiento de garantías fundamentales para el ejercicio del periodismo en el país.
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En Cuba, el periodismo es víctima del genocidio silencioso
Según la SIP, el periodismo independiente en Cuba “es testigo y víctima del genocidio silencioso que vive el pueblo cubano”, una expresión que resume la devastadora crisis bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel: salarios miserables, hambre generalizada, un colapso casi total de los servicios básicos y un férreo control estatal sobre la información que sofoca cualquier forma de disidencia o libertad de expresión.
De acuerdo con el informe, “en Cuba existen leyes sobre el acceso a la información, de comunicación, de asociaciones y de libertad de expresión, pero el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido”. Las leyes sobre protección de datos y delitos informáticos se aplican contra quienes critican al régimen o investigan la realidad local.
La persecución a periodistas independientes en Cuba incluye hipervigilancia, amenazas a familiares y detenciones arbitrarias.
Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permaneció bajo arresto durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedir su participación en un acto diplomático. José Gabriel Barrenechea enfrenta una condena fiscal de seis años tras ser acusado de “desórdenes públicos” por manifestarse contra los cortes de energía.
El informe remarca que “el Estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios”.
Nicaragua: cierre de medios, exilio y vigilancia estatal
Respecto a Nicaragua, el informe detalla la consolidación de una estructura de control informativo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcada por agresiones, estigmatización, cierre de medios y restricciones migratorias.
La SIP y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizan al menos cuarenta violaciones a la libertad de prensa solo hasta junio, cifras agravadas por el asesinato del ex militar Roberto Samcam en Costa Rica, un hecho que elevó el riesgo y la autocensura entre periodistas exiliados.
El texto puntualiza que “el periodismo nicaragüense se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio”.
Otros países: riesgos, violencia y ataques judiciales
La organización también alertó que “el acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales se mantiene prohibido para la prensa independiente” en varios países, sumando obstáculos como la criminalización judicial, restricciones a la financiación y limitaciones tecnológicas.
En el caso concreto de Honduras, la SIP subrayó la preocupación por campañas de difamación, intimidación y hostigamiento, muchas de ellas promovidas o amplificadas por las propias Fuerzas Armadas.
En los capítulos de México, Paraguay y Chile, la SIP registró un aumento en el acoso judicial, la utilización discrecional de la publicidad oficial y proyectos de ley que, a su juicio, ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y la transparencia. El reporte también consideró el asesinato de periodistas y comunicadores como un grave indicador del contexto adverso que atraviesa la libertad de prensa continental.
Canadá: señales de retroceso
La SIP sumó a Canadá entre los países bajo observación por el descenso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque no se reportaron incidentes graves, el informe resalta “algunos proyectos que pueden afectar la libertad de prensa y el apoyo financiero del gobierno a medios afines”.
Diversos medios denunciaron discriminación en el acceso a eventos oficiales y restricciones a preguntas en actos políticos. El documento también advierte sobre la falta de transparencia y un proyecto de ley sobre “Perjuicio en Línea”, rechazado por activistas de la libertad de expresión.
Uruguay: libertad de prensa sin obstáculos
El único matiz positivo proviene de Uruguay, donde la SIP reconoció que “en este período no se han constatado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa”.
El informe subrayó que los medios, periodistas y usuarios de redes sociales operan sin obstáculos tras la asunción presidencial de Yamandú Orsi, aunque mencionó desafíos pendientes por el acceso limitado a la información pública y la tramitación judicial contra publicaciones periodísticas.
“Desde marzo, los periodistas y medios uruguayos han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas”, destaca el texto.
Exige garantías
La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones, volvió a advertir en Punta Cana sobre un “deterioro generalizado” de las libertades informativas y llamó a gobiernos y organismos internacionales a garantizar la protección efectiva del periodismo en la región.
“El uso de operadores digitales para amplificar el discurso oficial y atacar voces críticas es una práctica reportada en varios países. En Colombia, el gobierno contrata influencers bajo la figura de prestación de servicios que funcionan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas asociadas al oficialismo o por altos funcionarios que han admitido usar troles”, comentó Ramos.
La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) advirtió que el uso del aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere atención especial, y la defensa legal de periodistas y medios exige nuevas estrategias.
“El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de medios de comunicación”, sostuvo Ramos. Y agregó: “En este semestre notamos que, en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de decenas periodistas, fenómeno que en su momento vimos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.
Con información de SIP, EFE e Infobae
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