Las claves de los cambios que ha sufrido Venezuela bajo "la tutela" de EE. UU.
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En los más de 10 meses transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y lo apartaron del poder, Venezuela ha entrado en una etapa de rápidos cambios e incertidumbre, marcada en gran medida por Washington pubicó Bloomberg
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han pasado del aislamiento al contacto directo: la Casa Blanca ha trabajado estrechamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha firmado un importante acuerdo petrolero con su gobierno. Sin embargo, esta relación sigue estando sujeta a numerosas condiciones. Estados Unidos está utilizando el levantamiento de sanciones, el acceso al sistema financiero internacional y el control de los ingresos petroleros como mecanismos de presión para orientar las políticas del país e influir en su futuro.
Mientras tanto, para los venezolanos de a pie, el impacto del nuevo régimen gestionado por Estados Unidos ha sido limitado. La mayoría sigue enfrentándose a precios elevados, bajos ingresos y un deterioro de sus condiciones de vida. Tras los devastadores terremotos gemelos registrados en junio, los prolongados cortes eléctricos han empeorado debido a los efectos de El Niño, un fenómeno de calentamiento del Pacífico que provoca temperaturas más altas y condiciones climáticas más secas.
¿Cómo han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en 2026?
Durante años, Washington se negó a reconocer a Maduro como presidente tras su cuestionada reelección en 2018. Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas, incluido el cierre de su embajada en Caracas en 2019.
Ahora, esa postura ha dado un giro. Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas, reabierto su embajada y entablado conversaciones directas con el nuevo liderazgo venezolano encabezado por Rodríguez. Altos funcionarios estadounidenses vuelven a visitar Caracas y ambos gobiernos coordinan abiertamente acciones para la recuperación económica y la transición política, algo que habría sido impensable hace apenas unos meses.
El acercamiento se consolidó en septiembre, cuando el presidente estadounidense Donald Trump y Rodríguez se reunieron en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue su primer encuentro cara a cara desde la captura de Maduro. Rodríguez se convirtió en la primera jefa de Estado venezolana en asistir personalmente a esa reunión desde que Maduro lo hiciera en 2018.
Ambos gobiernos también alcanzaron, a finales de agosto, un amplio acuerdo petrolero que otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas y busca aumentar la producción del país.
Trump ha elogiado repetidamente el liderazgo de Rodríguez y su relación de trabajo con Washington a medida que se profundiza la cooperación. Sin embargo, también lanzó una amenaza: «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro», afirmó Trump en enero.
¿Cómo está ejerciendo Estados Unidos el control sobre el gobierno de Rodríguez?
A través de un sistema de reconocimiento condicionado y presión económica.
La política de sanciones constituye la herramienta más evidente de ese control. Desde enero, Washington ha flexibilizado progresivamente las restricciones, permitiendo, por ejemplo, que instituciones financieras y otras entidades realicen operaciones con el Banco Central de Venezuela y levantando sanciones contra determinadas empresas estatales, incluida la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Washington también ha levantado las sanciones personales contra Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, estas autorizaciones son temporales y están estrictamente reguladas mediante licencias del Departamento del Tesoro estadounidense. La capacidad del gobierno de Rodríguez para acceder a los servicios bancarios internacionales, disponer de activos estatales depositados fuera de Venezuela, atraer inversiones o ampliar la producción petrolera sigue dependiendo de la autorización de Estados Unidos.
Washington ha acompañado estas concesiones económicas con una participación directa en la transición política venezolana. A petición de Estados Unidos, el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición iniciaron conversaciones en agosto sobre la reconstrucción de las instituciones, los derechos políticos y civiles y las condiciones para unas futuras elecciones.
Las negociaciones han producido acuerdos para reformar el Tribunal Supremo de Justicia, procurar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y flexibilizar las restricciones a los medios de comunicación independientes.
Estados Unidos ha dejado claro que una mayor normalización económica dependerá, en parte, de que continúen los cambios políticos.
La administración Trump sostiene que este proceso debería conducir finalmente a elecciones libres y justas, aunque no está presionando para que se celebren de inmediato.
Según una hoja de ruta estadounidense publicada en octubre, Venezuela debería instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de mediados de diciembre, seguido poco después por un Consejo Nacional Electoral reformado, el organismo encargado de administrar los comicios en el país, al que se le retiraría la facultad de decidir qué candidatos pueden participar en las elecciones.
Una vez constituidas esas instituciones, las autoridades declararían formalmente la falta absoluta del presidente. De acuerdo con la Constitución venezolana, debería celebrarse una nueva elección presidencial dentro de los seis meses siguientes.
¿Estados Unidos sigue atacando a presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela?
Después de una desaceleración a principios de este año, las fuerzas estadounidenses reanudaron en agosto los ataques letales contra embarcaciones que, según el ejército, están involucradas en el narcotráfico.
Gran parte de la actividad reciente se ha concentrado en el Pacífico oriental. La campaña también ha tenido como objetivo embarcaciones en el mar Caribe.
Desde que comenzaron los ataques en septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo decenas de operaciones y el número de fallecidos asciende, al menos, a 240 personas.
Por separado, Washington ha ampliado la cooperación regional en materia de lucha contra el narcotráfico con gobiernos de la región, incluidos Ecuador y Colombia.
A mediados de septiembre, Trump citó la cooperación de Venezuela contra los carteles de la droga como argumento para retirar al país del grupo de naciones que, según Estados Unidos, no han cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas.
¿Qué está ocurriendo con la industria petrolera venezolana?
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo crudo del mundo, pero décadas de falta de inversión y corrupción debilitaron profundamente un sector energético fuertemente controlado por el Estado.
Al finalizar la presidencia de Maduro, la producción petrolera venezolana había caído un 65 % en comparación con 2013, su primer año en el poder.
El país y la administración Trump están intentando revertir ese declive. La guerra con Irán ha provocado una interrupción sin precedentes en el suministro mundial, por lo que un aumento significativo del petróleo venezolano en el mercado internacional llegaría en un momento oportuno.
Caracas y Washington están estrechamente involucrados en un proceso para desbloquear las riquezas del país bajo el plan de tres fases de la Casa Blanca: estabilización, recuperación y transición.
Bajo presión estadounidense, Rodríguez impulsó una nueva ley de minería, aprobada por la Asamblea Nacional en abril, que favorece a los inversionistas privados y extranjeros y revierte décadas de estrictos controles gubernamentales.
Además de flexibilizar las sanciones contra PDVSA y las empresas mineras estatales, el Departamento del Tesoro estadounidense está ampliando las licencias para que un mayor número de compañías estadounidenses e internacionales puedan hacer negocios con el gobierno venezolano.
Desde la salida de Maduro del poder, Estados Unidos ha asumido el control administrativo de buena parte de los ingresos venezolanos provenientes de los recursos naturales mediante una cuenta del Departamento del Tesoro estadounidense.
Según un informe de KPMG, hasta finales de septiembre habían ingresado aproximadamente 12.300 millones de dólares en esa cuenta, de los cuales 12.100 millones fueron devueltos a Venezuela. Al cierre de septiembre permanecían unos 170 millones de dólares en la cuenta.
En agosto, la Casa Blanca anunció lo que calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», suscrito entre North American Blue Energy Partners, una empresa privada dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, y el gobierno de Venezuela.
El acuerdo concede a Nabep concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles. Según los términos del pacto, Estados Unidos obtiene una participación en la compañía y amplios derechos para comprar su petróleo crudo.
Ante las críticas por su asociación con Betancourt, una figura polémica en Venezuela que durante años estuvo bajo investigación en Estados Unidos, España y Suiza por sus actividades empresariales, la administración Trump ha defendido el acuerdo y sostiene que beneficia a ambos países.
Washington afirmó que el pacto ayudará a los sectores manufacturero y energético estadounidenses, duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos y contribuirá a reducir los precios de la gasolina.
Venezuela, por su parte, recibiría 200.000 millones de dólares en pagos por regalías e impuestos, además de inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en nuevas infraestructuras petroleras.
Los demócratas del Congreso estadounidense preparan ahora varias investigaciones sobre el acuerdo y han planteado interrogantes sobre sus condiciones, la autoridad legal de la administración para adquirir una participación del 35 % en Nabep y los mecanismos de supervisión de los ingresos petroleros.
Figuras de la oposición venezolana y sectores radicales del partido gobernante también han criticado a Rodríguez por suscribir el acuerdo, que podría fortalecer su posición al otorgar a Estados Unidos un mayor interés en la continuidad de su administración.
Algunos comentaristas calificaron el pacto como una renuncia a la soberanía nacional.
A pesar de estos cambios, la producción de petróleo crudo y gas no ha aumentado significativamente. Los expertos prevén que las inversiones internacionales tardarán en comenzar a materializarse de manera sustancial.
Aun así, las exportaciones petroleras venezolanas casi se han duplicado en comparación con hace dos años y, según Rystad Energy, la industria está en condiciones de aumentar su producción en casi un millón de barriles diarios durante la próxima década.
¿Está Venezuela reintegrándose al sistema financiero internacional?
Venezuela también ha profundizado rápidamente su relación con las instituciones financieras internacionales.
Funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) viajaron a Caracas en julio por primera vez en más de dos décadas. Venezuela ha reanudado el intercambio de información económica con el organismo y vuelve a recibir asistencia técnica.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha señalado que el organismo tiene previsto abrir una oficina en la capital venezolana durante el primer semestre de 2027.
Rodríguez también se ha reunido con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID ha acordado reanudar su relación con Venezuela mediante un marco de cooperación de dos años que podría incluir eventualmente hasta 6.000 millones de dólares en préstamos.
El Departamento del Tesoro estadounidense está evaluando un préstamo puente a corto plazo que permitiría a Venezuela cancelar aproximadamente 2.300 millones de dólares en obligaciones pendientes con el BID, lo que abriría el camino para que el organismo reanude sus préstamos después de una interrupción de ocho años.
Por separado, el Banco Mundial ha señalado que podría prestar a Venezuela hasta 5.000 millones de dólares durante los próximos dos años.
La nueva relación entre Caracas y Washington ha generado expectativas de que Venezuela pueda reestructurar eventualmente su enorme deuda y recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital, después de casi una década en situación de impago.
El gobierno está preparando una evaluación de la sostenibilidad de la deuda y tiene previsto adoptar nuevas medidas «muy pronto», afirmó el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, el 14 de octubre, aunque no ofreció detalles ni un calendario para una eventual reestructuración.
Venezuela ha contratado a Centerview Partners como asesor financiero y al bufete Hogan Lovells como asesor legal para una posible reestructuración de sus obligaciones, que los analistas de Wall Street estiman entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.
¿Qué ha cambiado para los venezolanos?
Para los venezolanos de a pie, la transformación política todavía no se ha traducido en una mejora generalizada de sus condiciones de vida.
En noviembre, una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News reveló que el 77 % de los venezolanos calificaba como mala la situación económica del país, mientras que el 75 % tenía la misma percepción sobre el mercado laboral y el 57 % sobre la situación financiera de sus propias familias.
Los precios siguen aumentando rápidamente y el bolívar continúa perdiendo valor.
Aunque Venezuela más que duplicó el salario mínimo mensual hasta situarlo en 240 dólares en abril, los ingresos siguen siendo extremadamente bajos en comparación con el creciente costo de vida del país.
Rodríguez ha prometido nuevos aumentos salariales para el próximo año como parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar los ingresos de los hogares.
Aun así, existen algunos indicios de optimismo. Casi la mitad de los venezolanos encuestados en noviembre esperaba que la situación financiera de sus familias mejorara durante los próximos seis meses.
¿Qué posición ocupa la dirigente opositora María Corina Machado en todo este proceso?
María Corina Machado, exdiputada y opositora histórica del gobierno de Maduro, sigue siendo la figura más prominente de la oposición venezolana, pero ha quedado prácticamente al margen de la transición respaldada por Estados Unidos que comenzó a tomar forma tras la captura de Maduro.
Recientemente regresó al país después de varios intentos fallidos durante casi un año de exilio. Su llegada provocó la movilización de miles de simpatizantes que salieron a las calles mientras recorría varios estados en su camino hacia Caracas.
La administración Trump respaldó el derecho de Machado a regresar y consiguió, semanas antes de su retorno, garantías de las autoridades interinas venezolanas de que podría hacerlo sin sufrir interferencias.
Sin embargo, Washington no ha ofrecido ninguna señal de que su regreso vaya a modificar la estrategia de transición estadounidense. Machado continúa excluida de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos en Caracas.
Aun así, conserva un importante respaldo político.
En la encuesta de AtlasIntel, obtuvo aproximadamente un 56 % de apoyo en una pregunta sobre intención de voto presidencial, frente al 17 % de Rodríguez. Sus aliados la han designado como su candidata para las próximas elecciones presidenciales.
Sin embargo, continúa vigente una inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.
Con información de Bloomberg

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