De las 17 leyes sancionadas por la AN, la Ley Libertador y la Ley contra las ONG, afectan, según expertos, las principales libertades de los venezolanos. Pero, el presidente del Parlamento asegura que más del 70 % de las normas aprobadas van orientadas a la protección social del pueblo

Oficialmente, la Asamblea Nacional (AN), finalizó el año con 17 leyes sancionadas que forman parte de los 90 instrumentos legales que fueron considerados y se encuentran en primera o segunda discusión en el Parlamento.

Y, según palabras del propio presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien dijo, al presentar el balance legislativo: «Cada ley es pueblo y cada palabra, de esas leyes, fue construida con el pueblo … el conjunto de leyes sancionadas significó un esfuerzo fundamental de ejercicio de la democracia verdadera, de ir a la asamblea, a la pregunta, y no quedarse encerrados».

Según este balance, además de las leyes, en 2024 “se renovaron los poderes electoral, judicial y ciudadano, y se sellaron los derechos inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba con la sanción de la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo, el 21 de marzo”.

“Hemos llevado adelante la tarea. A estas alturas, ni tirios ni troyanos pueden negar que ustedes (los diputados) rescataron el Poder Legislativo de la República y volvieron a ponerlo al servicio del pueblo”, agregó el parlamentario.

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Leyes sancionadas

Sobre las normas cristalizadas, refirió que la Ley de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, sancionada el 14 de marzo, involucró a organizaciones y movimientos, que antes eran consideradas minorías, y que la revolución visibilizo.

Asimismo, señaló que las reformas de las leyes del Poder Popular sancionadas fueron adecuadas a un ejercicio desde la base del pueblo, “por eso nos fuimos a las catacumbas de las comunas, consejos comunales, de los movimientos de tierra urbana y campesinos”, subrayó.

En cuanto a la Ley de Jurisdicción Especial de Justicia y Paz Comunal, sancionada el 12 de noviembre, dijo que esta le ofrece al pueblo la oportunidad de dar el mejor regalo a Venezuela, con la jornada comicial que se realizará el próximo 15 de diciembre para escoger a los jueces y juezas de paz comunal.

Contrarrestar ataques imperiales

De la Ley de Fomento de las Exportaciones no Petroleras, sancionada el 17 de julio, aseveró que con ella se hará frente a los ataques imperiales y a la imposición de sanciones y violencia. “Ahora somos más defensores de nuestra tierra, de nuestra independencia y libertad. Somos mejores venezolanos”, recalcó.

En el balance legislativo, el presidente de la AN destacó igualmente la Ley del Presupuesto de la Nación y de la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para 2025, sancionadas el 5 de diciembre.

Además, consideró que este año se desarrollaron tres instrumentos jurídicos importantes, como la Ley Orgánica de Armonización Tributaria y la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, la cual viene a estimular la inversión, confianza y participación de quienes invierten en el país.

Rodríguez destacó que “más del 70 % de las leyes aprobadas en la AN van orientadas a la protección social del pueblo venezolano, así como garantizan una armonización económica desde todos los puntos de vista”.

Habló sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, sancionada el 15 de agosto, cuyo objetivo es “controlar las actuaciones y el financiamiento de figuras que eran utilizadas para generar violencia y causar daño a la nación”.

Otra norma mencionada por Rodríguez fue la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada el 28 de noviembre, que “surgió como resultado del intento del Congreso de Estados Unidos de mancillar el sagrado nombre del Padre de la Patria, y para imprimir justicia a quienes traicionan al país”.

¿Legislando para el pueblo?

De todo el conglomerado legal aprobado por la AN, destacan precisamente las dos últimas leyes mencionadas por Rodríguez: La Ley contra las ONG y la Ley Libertador Simón Bolívar.

Y acá cabe la pregunta ¿Con estas normas se legisla para el pueblo?

Para los analistas y expertos en derechos humanos, “la Ley Simón Bolívar introduce restricciones severas que afectan la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, bajo la premisa de proteger la soberanía nacional. Fomenta, además, un clima de autocensura y represión y socava los derechos fundamentales garantizados tanto en la Constitución venezolana como en tratados internacionales de derechos humanos”, reseña un análisis de la norma realizado por la ONG Espacio Público.

Agrega que “las acciones previstas en esta ley son desproporcionadas y punitivas, particularmente en un contexto de crisis económica y emergencia humanitaria compleja. La normativa contempla multas equivalentes a cientos de miles de euros y penas de prisión largas, que afectarían desproporcionadamente a los ciudadanos y además fomentan un ambiente de miedo que propicia la autocensura y restringe la libre expresión”.

Sostiene que “su carácter punitivo también se extiende al control estatal sobre la narrativa pública, bloqueando el debate sobre temas sensibles como las sanciones internacionales y las medidas gubernamentales; todo esto de forma desproporcional y amparado por el objetivo de proteger la soberanía, integridad y seguridad del Estado frente a medidas coercitivas impuestas por actores externos”.

Ambigüedades peligrosas

La organización destaca que la ley es discrecional y ambigua, en lo que se refiere al artículo 7 que habla de la “promoción o respaldo a las sanciones.
“Resalta la ambigüedad en la definición de promoción o respaldo. Estas expresiones podrían abarcar desde declaraciones públicas de apoyo a sanciones internacionales hasta simples opiniones en redes sociales. La falta de precisión permite interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades, lo que genera un efecto intimidatorio en los ciudadanos y fomenta la autocensura”, alerta.

Además, “equiparar estas acciones con amenazas a la soberanía nacional criminaliza el disenso y limita la capacidad de los ciudadanos de discutir o criticar medidas internacionales relacionadas con Venezuela”.

Desconoce los poderes

Advierte la ONG que se “restringe la libertad de expresión al penalizar cualquier cuestionamiento a la legitimidad de las instancias del Poder Público. Esto inhibe la crítica y el debate social, por lo que, podría ser usada para perseguir a líderes opositores, periodistas y académicos que emitan opiniones contrarias al gobierno, restringiendo el debate político y el pluralismo”.

En la ley también se aplican las sanciones a aquellos que “colaboren con organismos, funcionarios u oficiales extranjeros dirigida a la imposición o agravamiento de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, así como el desconocimiento de los Poderes Públicos o sus autoridades”.

En este sentido, Espacio Público cree que “el término “colaboración”, carece de claridad y podría interpretarse de manera amplia, tanto así que puede incluir las interacciones legítimas con los sistemas de protección internacionales al momento de hacer las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país”.

Acerca de la afectación de los derechos políticos, la ONG alerta que la ley “excluye de la participación política a quienes hayan expresado apoyo a medidas externas contra Venezuela. No obstante, se desconoce que podría entenderse como “apoyo” dado que utiliza la palabra de manera ambigua e imprecisa para restringir los derechos políticos de los ciudadanos, desincentivando la disidencia y el activismo. De esta forma, la disposición legal persigue el objetivo de inhabilitar a opositores políticos, limitando la pluralidad democrática y consolidando un entorno donde el debate público se reduce significativamente”.

Y hace especial advertencia en cuanto al artículo que establece las sanciones penales contra quienes contravengan la norma.

“El artículo impone sanciones desproporcionadas a quienes promuevan medidas coercitivas externas. Su redacción amplia y ambigua puede criminalizar expresiones legítimas de disenso, como la publicación de opiniones críticas o la organización de protestas pacíficas. Además, las penas de prisión de hasta 30 años y las multas excesivas generan un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión, fomentando el silencio y la autocensura”.

Acerca de las sanciones contra los medios de comunicación tradicionales y digitales, Espacio Público dice que “fomentan la autocensura entre los medios, limitando la libertad de prensa y el acceso a información plural. En Venezuela se socava la libertad de prensa con constantes cierres de emisoras y salidas del aire de programas que son críticos a la gestión gubernamental. Esta ley constituye un instrumento normativo más que se crea para justificar la revocatoria de permisos de operación de emisoras e incluso de plataformas digitales. De esta forma, afecta directamente la circulación de ideas y opiniones en internet, limitando aún más la libertad de expresión”.

Para la ONG, en conclusión, “en un contexto donde no existe separación de poderes ni independencia judicial, la aplicación de esta ley refuerza un marco legal que puede justificar abusos, incluyendo vigilancia masiva, expropiación arbitraria y censura. Además, la falta de garantías procesales incrementa el riesgo de persecución política y violaciones de derechos humanos, exacerbando las tensiones sociales y limitando aún más el espacio cívico en Venezuela.

La Ley Simón Bolívar Contra el Bloqueo consolida un entorno hostil para la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información. Sus disposiciones amplias, sanciones desmedidas y centralización del control estatal sobre la narrativa pública representan un grave retroceso en los derechos fundamentales, afectando no solo a los opositores del gobierno, sino también a la sociedad civil en su conjunto”.

Inconstitucional

Para Rodrigo Rivera Morales, doctor en Derecho, “hacer un análisis jurídico de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar no requiere esbozar grandes argumentos para mostrar su inconstitucionalidad. Es una ley que en su mismo nombre es contradictoria con el pensamiento de Simón Bolívar, usar el nombre del Libertador no es más que un recurso para tratar de conseguir apoyos nacionales”.

“Es esencialmente contraria a las disposiciones constitucionales transcritas y a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Es una ley encaminada a producir miedo con franco irrespeto de los derechos humanos”, aseveró el experto.

Y también alerta que “en el mundo democrático y jurídico saben que este espantajo normativo tiene como finalidad acallar la protesta, criminalizar la denuncia, conferir alto poder discrecional y sembrar el miedo en el pueblo”.
De hecho, en una sesión de la Comisión Delegada, del 23 de diciembre, la AN pidió al Ministerio Público aplicar la normativa a miembros del Parlamento del 2015.

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Contras las ONG

Hace cuatro semanas, entró en vigencia la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro», mejor conocida como la Ley contrea las ONG.

La norma «formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas; y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país», dijo en su cuenta en X, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea.

«La profundización del régimen autoritario necesita silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque estas tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz de modo que los graves abusos que se cometen no queden en el olvido», alertó.