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      Los demócratas ponen en la mira las cárceles migratorias de Trump, tras más de 60 fallecidos y poco control

      17 de noviembre de 2026 | 10:37
      Cortesía
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      Es un aspecto menos visible de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Pero detrás de los muros de los centros de detención migratoria han muerto más de 60 personas desde que el republicano regresó por segunda vez a la Casa Blanca.

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      Negligencia médica, abusos físicos, castigos excesivos, falta de alimentos, suciedad, agua contaminada y un sistema de maltratos diseñado para presionar a los indocumentados a aceptar su deportación. La lista de presuntas violaciones a los derechos humanos en las más de 170 cárceles gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y sus contratistas, es extensa.

       
      Mientras aumenta el número de migrantes detenidos, el Gobierno de Trump ha reducido al mínimo la supervisión de estas instalaciones y, en ocasiones, ha dejado en manos de las propias empresas multimillonarias que las operan la verificación de las condiciones en las que mantienen a los encarcelados. Los demócratas, que en enero recuperarán el control del Congreso, prometen intensificar la vigilancia de las cárceles del ICE y poner fin a los abusos.

      Los demócratas han enfrentado dificultades para realizar inspecciones sorpresa en estos centros y han tenido que recurrir a los tribunales para defender su derecho a entrar sin previo aviso. Este ha sido otro de los prolongados enfrentamientos entre la Administración de Trump y sus adversarios en el Congreso. El conflicto se agravó cuando el Gobierno les cerró las puertas mediante una política que obligaba a los legisladores a solicitar sus visitas con varios días de anticipación. Ese requisito, que ya no se aplica, limitaba su capacidad para conocer de primera mano lo que ocurría en estas instalaciones.

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      “Hemos escuchado historias horribles: personas que no reciben medicamentos, no hay suficiente comida y la lista continúa”, declaró en octubre el congresista californiano Robert García, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Tras el contundente triunfo demócrata en las pasadas elecciones de medio mandato, el representante de Long Beach prometió que pondrán bajo escrutinio al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en particular a los agentes del ICE, de quienes dice haber documentado más de 1.000 abusos, y a los centros donde se recluyen a los migrantes.

      A principios de octubre, García visitó, junto con otros legisladores demócratas, uno de los centros donde más muertes se han registrado durante el segundo mandato de Trump: el de Adelanto, en el alto desierto de California. Los cuatro fallecidos eran de origen mexicano. Al ingresar, el congresista se sorprendió al escuchar que los directivos del lugar repetían la narrativa del presidente. “Nos dijeron que la mayoría de las personas que estaban en Adelanto tenían antecedentes penales, cuando sabemos que eso no es cierto”, relató.

      La débil supervisión del Gobierno

      Otro centro de detención que se espera sea puesto bajo mayor vigilancia a partir de enero es el de Eloy, Arizona, donde al menos dos migrantes han muerto desde principios de 2025. La congresista electa JoAnna Mendoza, cuyo distrito incluye esa instalación, también reclama una supervisión más estricta.

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      “Necesitamos auditorías transparentes en los centros de detención”, dijo Mendoza en una entrevista con EL PAÍS en agosto. “Algunos de estos centros son auditados por empresas privadas. ¿Cómo podemos estar seguros de que esas auditorías no están siendo falseadas? Necesitamos supervisión en todo esto”, insistió.

      A casi dos años del inicio de la ofensiva migratoria de Trump, los mecanismos de supervisión de las cárceles del ICE se han debilitado. Un informe publicado dos días después de las midterms por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), una agencia independiente que trabaja para el Congreso, señala que, hasta junio pasado, dos de las cuatro entidades encargadas de inspeccionar esos centros habían reducido sus visitas o, de plano, habían dejado de realizarlas.

      La Oficina de Supervisión de la Detención (ODO, por sus siglas en inglés), una dependencia del propio ICE, disminuyó la frecuencia de sus revisiones. Por su parte, la Oficina del Ombudsman para la Detención de Inmigrantes dejó de hacerlas debido a recortes presupuestarios y a una reducción significativa de su personal. Las otras dos entidades, que mantuvieron sus actividades sin cambios, son el Cuerpo de Servicios de Salud (IHSC, por sus siglas en inglés), también dependiente del ICE, y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional.

      El informe de la GAO cita un memorando de marzo de 2025, aprobado por el entonces director interino del ICE, que formalizó la reducción de la regularidad de las inspecciones de la ODO y amplió los mecanismos de autoinspección. La medida buscaba reducir la carga administrativa de los operadores privados de los centros. En otras palabras, las propias empresas se encargarían de vigilarse.

      Pero la ausencia de las inspecciones hechas por funcionarios del Gobierno, advierte el informe de la GAO, dificulta conocer las “deficiencias en sus instalaciones, incluidas aquellas relacionadas con la salud, la vida y la seguridad” de los migrantes detenidos.

      En una declaración enviada a EL PAÍS, un portavoz del DHS aseguró que el ICE está sujeto a auditorías e inspecciones periódicas de organismos externos para garantizar que sus centros cumplan con los estándares. También afirmó que los migrantes bajo su custodia reciben tres comidas al día, agua potable, ropa, acceso a duchas, artículos de higiene personal y atención médica “integral”.

      “El ICE aplica estándares de detención más rigurosos que la mayoría de las prisiones estadounidenses”, sostuvo el portavoz, sin responder directamente a las advertencias de los congresistas sobre que habrá un mayor escrutinio.

      Lea también: Trump asegura que el incidente que paralizó el tráfico aéreo en EE. UU. es a causa de un "sistema envejecido"

       

      La rentable detención de migrantes

      El encarcelamiento de inmigrantes es ahora un negocio más lucrativo. Durante los años fiscales 2025 y 2026, el ICE recibió más de 45.000 millones de dólares destinados exclusivamente a la detención migratoria. La agencia también amplió su red de instalaciones: pasó de operar 128 en abril de 2025 a 172 en abril pasado, un incremento del 34%. Mientras tanto, mantiene bajo custodia a alrededor de 67.000 personas, un aumento del 71% respecto al inicio de este mandato de Trump.

      La ecuación es sencilla para los contratistas del ICE: más camas ocupadas significan más dinero. GEO Group, operador de una veintena de instalaciones de detención migratoria —entre ellas Adelanto—, actualmente tiene a unos 20.000 migrantes en sus centros. Después de las midterms, esta empresa, que cotiza en bolsa, celebró un hito financiero: anunció que sus ingresos en lo que va del año superaron los 2.000 millones de dólares, una cifra que no había alcanzado desde que comenzó a operar en 1984.

      El vínculo entre GEO Group y Trump va más allá de las millonarias donaciones que la compañía ha hecho a las campañas electorales del presidente y a organizaciones políticas que respaldan su movimiento. Tres funcionarios que han ocupado cargos relevantes en la actual Administración formaron parte de su nómina. Antes de ser fiscal general, Pam Bondi trabajó como cabildera de GEO Group. David Venturella, actual director interino del ICE, fue ejecutivo de la compañía durante 11 años. Y Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, fue consultor remunerado de una de sus subsidiarias.

      Otra empresa beneficiada por las agresivas redadas migratorias es CoreCivic, que también ha hecho millonarias aportaciones a Trump. La compañía obtuvo un ingreso extra de 1.500 millones de dólares con la venta al ICE de dos cárceles en California, una en San Diego y otra en California City, ambas señaladas por denuncias de maltratos y abusos. La agencia federal acordó que CoreCivic siga operando las instalaciones mientras permanezcan vigentes los contratos.

      “Las grandes corporaciones y los multimillonarios se han beneficiado de cada ser humano que es enviado a estas horribles instalaciones en todo el país”, declaró el congresista Robert García en octubre.

      GEO Group no respondió a una solicitud de comentarios de este medio. Un portavoz de CoreCivic, por su parte, aseguró en una declaración escrita que la compañía ha colaborado con el Gobierno federal durante más de 40 años, bajo administraciones de ambos partidos. “Siempre hemos recibido con agrado la supervisión de nuestro trabajo, y eso no ha cambiado”, afirmó el vocero.

      El caso de Ulises

      No es fácil hacer que los contratistas del ICE rindan cuentas. Laura Murchie, abogada de la organización Disability Law United, compara esa lucha con la de David contra Goliat. “Se requiere todo un equipo de abogados para intentar que GEO Group y CoreCivic respondan por sus actos”, dijo en una entrevista con EL PAÍS. “Resulta difícil para las personas afectadas, e incluso para los abogados que llevan sus casos, conseguir que asuman su responsabilidad”, agregó.

      En julio, Murchie emprendió una batalla legal contra ambas compañías, el ICE, el DHS y la Administración de Trump. Representa a Ulises Peña López, un inmigrante mexicano con necesidades especiales que, según una demanda interpuesta en el Distrito Norte de California, fue objeto de “un arresto violento” por parte de agentes del ICE en Sunnyvale en febrero de 2025.

      La querella sostiene que elementos del ICE llevaron a Ulises a un callejón apartado, donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, por lo que tuvo que recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital, pero, antes de que se recuperara, agentes federales asumieron su custodia. Pasó seis meses detenido en instalaciones de GEO Group y CoreCivic, antes de ser deportado en octubre de ese año a México, su país natal. Allí vive ahora, lejos de su esposa y su hija pequeña.

      “Durante su detención tampoco se hicieron los ajustes necesarios para atender sus discapacidades. Como consecuencia, sigue sufriendo daños derivados fundamentalmente del maltrato que recibió mientras estuvo bajo custodia”, afirma Murchie.

      Las secuelas han afectado la vida cotidiana de Ulises y sus posibilidades laborales: en México, ahora está limitado a empleos de medio tiempo. En California se ganaba la vida en la construcción.

      “Tras la violenta detención, sufrió pérdida de visión y audición, además de entumecimiento y parálisis en el lado derecho del cuerpo, lo que afecta su movilidad. Necesita un bastón para caminar y padece intensos dolores de cabeza”, explicó la abogada.

      La demanda reclama una indemnización por los daños físicos y emocionales sufridos por Ulises. Su regreso a California no figura entre las peticiones del caso, pues, según explica su abogada, entienden que esa es una batalla perdida. Murchie reconoce que el litigio será cuesta arriba, en buena medida por el poder y la influencia de los contratistas del ICE. “Estamos hablando de compañías multimillonarias”, subraya.

      El País

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