Miguel Pizarro sostiene que por primera vez, se produce un informe de esta magnitud que establece directamente quiénes ordenaron las desapariciones, allanamientos y demás violaciones a los DD.HH. en Venezuela
Para Miguel Pizarro, la contundencia del informe de la ONU sobre Venezuela es total. Lo que diferencia este documentos de otros emitidos por la organización es que establece responsabilidades directas en los crímenes cometidos por el régimen, desde el 2014. Se refirió expresamente a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, quienes ordenaron que se cometieran esos delitos.
“La afirmación de que hay indicios suficientes para presumir que Maduro, Reverol y Padrino, eran parte de todas las decisiones de allanamientos y desapariciones forzadas”, dijo Pizarro, tras la publicación del informe de más de 400 páginas.
Agregó que ellos también estaban tras “las torturas e interrogatorios con tratos crueles e inhumanos que ordenaron”. Esto, a su juicio, “abre la puerta a la investigación de tipo penal en los organismos internacionales y de justicia universal”.
Pizarro destacó igualmente que se trata “un procedimiento especial, independiente y que no está bajo la rectoría de la alta comisionada. Hay un grupo especial de investigadores”.
Lo que viene
Dijo que la semana que viene será la demostración más importante. Se conocerán las consideraciones de los estados miembros sobre el informe. Al respecto, explicó que se podrían plantear dos escenarios.
“Uno es que este informe va a ser motivo de un diálogo interactivo entre los expertos de la misión y los países miembros del Consejo de DD.HH. Y dos, la votación de la resolución que renueva los mandatos para que la misión pueda seguir su trabajo y profundizarlo”, explicó.
Pizarro destacó que, por sobre todo, el documento mantiene la constante de que en Venezuela “la violación de los Derechos Humanos es una política de Estado”. Allí, la responsabilidad recae en Nicolás Maduro, el Ministro de Interior y funcionarios de las FAES, OLP, DGCIM y Sebin.
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Ordenaron asesinatos como política de Estado
Pizarro explicó que “hay una orden denominada código 80 que es la luz verde para disparar a matar y asesinar. Esta es una luz verde que en el informe se narra como parte de la cadena de mando de las Faes y las acciones de la OLP”.
Enfatizó que “esto quiere decir que el asesinato extrajudicial no es solamente un abuso individual del funcionario que está en el terreno del momento. No es un abuso del operativo. Es una parte de una de una estructura de la lógica del despliegue y de la cadena de mando”.
La actuación de la CPI
Para el comisionado resalta la recomendación a la Corte Penal Internacional, para que profundice su investigación. “Ante la ausencia de buena investigación de la CPI, este tipo de investigaciones, pormenorizadas y detalladas, ayudan a sustanciar los expedientes. Hacen que la CPI se mueva”.
Resaltó además, la exhortación a que los países determinen “la responsabilidad penal y el enjuiciamiento de las personas señaladas en la cadena de mando y decisiones”.
“Esto permite que vayamos más allá del tema diplomático o económico de las sanciones. Permite escalar y que las investigaciones y acusaciones tengan ahora un fundamento y una investigación penal y de delitos contra la humanidad”.
Por último Pizarro indicó que este informe grafica el patrón y la conducta del Estado en los últimos años.”Hace una radiografía más clara del tipo de régimen que tiene el país y cuáles son las herramientas que los mantienen en el poder”.
“Maduro y el régimen en general, es una dictadura de nuevo tipo que apalanca su poder en el uso de la represión. Abusa de las instituciones y organismos de seguridad”, expresó.
También alertó que “no tenemos ninguna esperanza de que esas recomendaciones sean acatadas por Maduro. Tenemos muy claro que parte de las razones que nos llevan a luchar por el cambio político en Venezuela están sustentadas en esta violación de DD.HH. y en la emergencia humanitaria”.
