En la Asamblea Nacional denunciaron la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que regresan, al ingresara los Puntos de Atención Social impuestos por el régimen en la frontera
Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y colectivos armados afectos al madurismo se han dedicado a aterrorizar a los venezolanos que están regresando al país y que son confinados en los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI), puestos por el régimen, en la frontera.
Así lo denunció Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), durante la tercera sesión ordinaria online de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional.
Dijo que en los Pasi “tiene gran notoriedad la presencia de guerrilleros colombianos del ELN, donde, además, a los venezolanos retornados les suministran alimentos en mal estado, no tienen agua potable para su consumo les viola sistemáticamente sus derechos humanos”.
Trujillo comentó que han recibido reportes “alarmantes de periodistas y víctimas que han denunciado que grupos paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acuden amedrentar a los venezolanos retornados que están obligatoriamente confinados en los Pasos de Atención Social Integral ubicados en las zonas fronterizas por los estados Apure, Bolívar y Táchira con Colombia”.
De igual forma, dijo que atendieron denuncias sobre la inadecuada infraestructura y los malos tratos por parte de los cuerpos represivos del régimen y colectivos paramilitares que reciben estas personas.
En ese sentido, pidió a la Subcomisión que proponga agencias de las Naciones Unidas y la Unicef, verificar estos sitios de reclusión de personas que quieren ingresar al país.
Afirmó que el calificativo de “bioterroristas” que usa el régimen para identificar a los venezolanos que regresan, además de acusarlos de “venir a infectar al resto de la población con la COVID-19, representa un discurso de odio y criminalización”.
Trujillo exhortó al régimen que se abstenga de emitir expresiones discriminatorias contra las personas que pretenden retornar a al país de origen y usar la detención como herramienta disuasiva.
De igual forma, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, pide dejar sin efecto la detención de retornados que han usado pasos no controlados y proceder a su inmediata liberación o al cese de su procesamiento judicial.
Además, recordó que el retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales de los cuales es parte Venezuela.
Rosalinda Hernández, periodista en la fuente de suceso de la frontera, confirmó las denuncias de muchas de las víctimas que han tenido que permanecer en los PASI.
Por su parte, Javier Sánchez Chacón, Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e integración de la Universidad de Los Andes, denunció que desde hace más de una década no hay una comisión presidencial para las zonas de fronteras, así como también no existe el comercio fronterizo.
Recomendó la creación de una oficina de atención al ciudadano en Cúcuta, por parte del gobierno interino de Venezuela para atender denuncias de los venezolanos.
