Misión de la ONU: pese a la captura de Maduro, sigue vigente la maquinaria represiva en Venezuela
Cuestiona la Ley de Amnistía por ser excluyente
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Para los integrantes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, el ataque militar de Estados Unidos sobre el país, para capturar a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, significó una violación del derecho internacional.
Sin embargo, “la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa”.
La afirmación la hizo María Eloísa Quintero, integrante de la misión en la jornada de actualización del informe sobre la crisis en Venezuela, donde destacaron los hechos que rodearon la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.
Quintero dijo que, si bien es cierto que tienen motivos para creer que Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, eso no justifica una acción militar de parte de EE.UU.
Asimismo, destacó que todos los funcionarios que están involucrados en violaciones a los derechos humanos deben responder ante un juez.
Resaltó que luego de esos hechos, se siguieron registrando detenciones arbitrarias en Caracas y otras ciudades del interior del país.
“Al menos 87 personas fueron apresadas, entre ellas 14 periodistas que cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez y que fueron detenidas por unas horas… 27 fueron apresados por celebrar la captura, incluyendo 15 niños”, dijo la experta..
También tomó nota de las denuncias sobre el encarcelamiento de 30 personas vinculadas al CICPC, así como sus familiares, luego que presuntamente se negaran a falsificar evidencias del ataque militar del 3 de enero.
Igualmente, se pronunció la sobre Ley de Amnistía y alerta que “no establece una amnistía general”.
Dice que la norma fue aprobada de forma acelerada y sin un "proceso consultivo transparente", además de excluir a militares y civiles vinculados con hechos seleccionados discrecionalmente, y además "no reconoce la responsabilidad del Estado".
La actualización
La actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos presentada por Quintero, abarca el período de septiembre de 2025 hasta la fecha.
En los últimos meses de 2025 se evidenció una continuidad de patrones de varias violaciones de derechos humanos.
Entre septiembre y diciembre de 2025, se registraron 135 presuntas detenciones arbitrarias, varias de ellas con tortura, violencia sexual y de género.
Un tercio de los detenidos eran familiares de los detenidos, entre estos, también hubo niños, niñas y adolescentes. Además, murieron 3 personas bajo custodia por condiciones de salud que no fueron oportuna ni debidamente atendidas.
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Los familiares de las personas detenidas sufren la falta de información sobre los casos de sus seres queridos, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes han llegado incluso a realizar huelgas de hambre.
Durante septiembre-diciembre de 2025, las autoridades venezolanas continuaron aplicando una política estatal de represión.
La Misión de la ONU continúa recibiendo testimonios directos y declaraciones de víctimas y familiares sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero de 2026.
“La información recibida por la #MisiónONU confirma que los colectivos continúan operando. El espacio cívico y democrático sigue restringido. Aún hay ataques, hostigamiento o persecución”.
Dijo que “las posibilidades de elecciones libres siguen siendo remotas. La estructura que permitió la comisión de violaciones de derechos humanos sigue intacta; no hay reportes de cambios estructurales y aún hay responsables ejerciendo altos cargos en el Gobierno. La legislación represiva sigue vigente, como la Ley contra el Odio o la Ley contra las ONG”.
Por ello, la misión pide su derogación o modificación.
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