La Cancillería venezolana también rechaza informe de los relatores y tacha sus afirmaciones de irresponsables
El Ministerio Público (MP) de Venezuela expresó a través de un comunicado su desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas, quienes manifestaron su preocupación sobre la condena a sindicalistas y dirigentes laborales en el país.
El MP sostiene que este tipo de pronunciamiento es parte de una campaña orquestada.
“El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se debe a su supuesta participación en organizaciones sociales”, reza parte del comunicado.
“Cómo fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP), este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno Nacional, entre ellas asaltar un conscripto de aislamiento militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto”, explicó.
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Esta respuesta viene a colación tras que los expertos de la ONU expresaron su profunda preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023 que condena a seis sindicalistas y dirigentes sindicales venezolanos en virtud de las medidas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo.
A continuación, dejamos el texto íntegro del comunicado:
El Ministerio Público y la República volverán a Venezuela manifiesta en su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores en las Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso en el país de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello.
El pasado 1ero de agosto los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, fueron condenados por el juzgado número 2 de primera instancia en función de juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, con jurisdicción a nivel nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
Cómo fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP) este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno Nacional, entre ellas asaltar un conscripto de aislamiento militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto.
Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022, en las que participaría el presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, y el alto mando militar.
Al momento de la pensión realizada entre el 4 y 9 de julio de 2022, a los seis (6) se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a ese grupo subversivo.
En base a las evidencias recabadas al Ministerio Público, presentó acusación contra los implicados a los días 20 y 23 de agosto 2022.
El juicio se extendió porque hace 6 meses y tuvo un total de 13 audiencias, en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación que una vez evaluados llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.
Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de la organización sindical.
La supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados no implica algún tipo de humanidad que le exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atentan contra la paz y la seguridad de la nación.
Es necesario ratificar que en Venezuela, se aplican los principios del derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa y el derecho a los condenados a recurrir al fallo como efectivamente han hecho.
#COMUNICADO….El @MinpublicoVEN manifiesta su #desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU.
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 11, 2023
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y… pic.twitter.com/yGW2yEPFmk
Cancillería también expresó rechazo
Por otra parte, la Cancillería venezolana expresó que Venezuela rechaza las irresponsables afirmaciones realizadas por los relatores especiales de la ONU.
Emitió un comunicado oficial el respecto, a través de la cuenta oficial en la red social X del canciller Yván Gil.
El texto reza que “tan infundadas declaraciones fueron emitidas sin haber elevado ninguna consulta previa o solicitud de información al Estado venezolana.
Venezuela rechaza las irresponsables afirmaciones realizadas en el día de hoy,por los Relatores Especiales sobre la promoción y protección de los DDHH, respecto al presunto uso de leyes antiterroristas en el país para condenar a dirigentes sindicales. pic.twitter.com/8dB6dOkKuO
— Yvan Gil (@yvangil) August 11, 2023
