Mientras el Presidente de Panamá ofrece su país como puente de deportación masiva
El gobierno de Donald Trump ha revocado el TPS para 300.000 venezolanos en EE. UU., dejándolos en riesgo de deportación en 60 días. La medida, justificada por una reevaluación de las condiciones en Venezuela, ha generado reacciones de rechazo y acciones legales por parte de la comunidad migrante.
Mientras tanto, EE. UU. y Venezuela han acordado la repatriación de ciudadanos deportados, y Panamá se ofrece como punto de tránsito para estos vuelos, en el marco de una política migratoria más estricta.
Tras las decisiones en materia migratoria del gobierno Trump, los beneficiarios del TPS otorgado en 2023 perderán su protección en 60 días después de que el gobierno publique oficialmente la orden.
La administración de Trump ha argumentado que la medida responde a una reevaluación de las condiciones en Venezuela, concluyendo que el programa ya no se alinea con los intereses nacionales de EE.UU.
El TPS, creado para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales, ha permitido que más de 600.000 venezolanos residan y trabajen legalmente en Estados Unidos.
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Sin embargo, esta revocación afectará principalmente a quienes recibieron el beneficio más recientemente, mientras que cerca de 250.000 personas protegidas hasta septiembre de 2025 no se verán impactadas de inmediato.
La organización Caucus Venezolano-Americano anunció que apelará la decisión en los tribunales e instaron a la comunidad a mantener la calma.
Mientras tanto, en Panamá, el presidente José Raúl Mulino ha señalado que la crisis en Venezuela se ha “estabilizado”, lo que ha reducido el flujo migratorio a través de la peligrosa selva del Darién.
Este argumento podría haber influido en la evaluación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos sobre la necesidad de continuar con el TPS para los venezolanos.
Adicionalmente, Mulino ha ofrecido a EE.UU. utilizar Panamá como un punto de tránsito para deportaciones masivas de migrantes de diversas nacionalidades.
Este acuerdo, que se suma al ya existente financiamiento estadounidense para vuelos de repatriación, podría convertirse en una pieza clave dentro de la política migratoria de la administración Trump.