Hay una enorme incertidumbre sobre la condición procesal que tienen, cuál es su futuro. No ha existido claridad en los tribunales
Una vez pasadas las fiestas y calmada la algarabía de las excarcelaciones, a los presos políticos que salieron de las mazmorras de Nicolás Maduro en diciembre les asalta una duda: ¿están realmente libres?
Son 31 personas que salieron de distintos centros de reclusión, principalmente de la sede del Sebin en El Helicoide y de la PNB en La Yaguara. De ellos, 10 son ciudadanos estadounidenses que regresaron a su país, a cambio de la libertad de Alex Saab, quien ya se encuentra en Venezuela.
Las excarcelaciones fueron producto de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición y Estados Unidos.
Según un trabajo del diario El País, de España, los 20 presos políticos que están en Venezuela, están aliviados por volver a pisar la calle, pero aún desconocen cuál es su estatus jurídico y cuáles son los límites de las medidas sustitutivas que les han otorgado.
Moneda de cambio
En medio del regocijo por el inesperado regreso a casa -algunos de ellos habían sido sentenciados hasta a 16 años de prisión-, los presos recién liberados tienen muy presente que se han convertido en moneda de cambio en medio de un acuerdo marco que los sobrepasa, y por eso tienen, con frecuencia, renuencia a contar sus historias.
Varios de estos activistas civiles fueron informados de que quedaban en libertad luego de haber afrontado duras penas en calidad de sentencia firme, en la mayoría de los casos acusados de terrorismo, sedición y traición a la patria.
“Hay unos 20 prisioneros que han podido salir en el acuerdo que ha permitido liberar a Alex Saab”, explica el abogado Alonso Medina Roa, especializado en derechos humanos, involucrado en este proceso.
“Hay una enorme incertidumbre sobre la condición procesal que tienen, cuál es su futuro. No ha existido claridad en los tribunales. Por los caminos verdes nos hemos enterado de que tienen un régimen de presentación, cada 15 días, sobre el cual nos ocuparemos ahora que empiece el año”, agrega.
Un dirigente estudiantil que ha preferido no identificarse y que conoció esta medida de gracia después de afrontar duras condiciones de reclusión, asegura que, pesar de la sentencia, siempre tuvo la convicción de que iba a salir.
“Me puse como meta 2025 con la concreción del ciclo electoral”, cuenta.
Sobre su vida en prisión, explica que todo es cuestión de dinero. “Lo que uno necesite se lo tiene que pagar a los guardias, a los custodios. Estuve detenido en La Yaguara con presos comunes, con ellos me llevé algunas sorpresas porque pudimos organizarnos. Fui torturado en interrogatorios, aunque debo decir que a posteriori el trato ya no fue hostil”, dice.
Sin criterio ni coherencia
Para Joel García, abogado defensor de algunos de estos presos políticos, el criterio usado por el Gobierno chavista para liberar presos en detrimento de otros no tiene coherencia.
“En Venezuela existen todavía unos 300 presos políticos, entre civiles y militares. En octubre salieron cinco de ellos, dos de los cuales fueron defendidos por mí, como lo fueron Roland Carreño y Juan Requessens. Hasta diciembre, salieron 10 estadounidenses, junto a los seis dirigentes sindicales condenados el año pasado por conspiración. El 23 sale John Alvarez. Muchos otros presos estaban esperanzados de medidas para ellos, pero no hay nada concreto sobre futuras liberaciones. No obedece al tiempo de reclusión ni a la gravedad de los casos”, señala.
García asegura que en los corrillos circundantes de este caso, se comenta que en el mediano plazo podría estar planteada la liberación de unas 15 o 20 personas más.
Los sindicalistas
Uno de los dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión acusado de terrorismo, Néstor Astudillo, sí quiere dar su nombre: “Fui hecho prisionero por razones de persecución política. No le tengo miedo al Gobierno. Venezuela vive una dictadura disfrazada de democracia”.
Recluido con presos comunes, Astudillo pasó cuatro meses en la cárcel.
Al ser sentenciados acusados de terrorismo, el pasado mes de agosto, el fiscal general, Tarek William Saab, justificó la medida porque personas como Astudillo, presuntos dirigentes sindicales, de acuerdo a la prensa, “ni están inscritos en el seguro social como empleados, ni pertenecen a sindicato alguno, ni laboraron jamás como lucha sindical, ni presentaron esas evidencias supuestamente de ser líderes sindicales en el propio juicio”.
Astudillo cuenta su detención: “Fui llevado a un sótano de la DGICIM -Dirección General de Contrainteligencia Militar-, estuve en unos calabozos subterráneos al comienzo, aislado. No me pegaron, pero ese es un centro clandestino y sé de otros presos políticos que sí han torturado, como el capitán Acosta Arévalo.
Los presos comunes son extorsionados, maniatados. No nos agredieron físicamente, pero se violan derechos, se cobra el agua, la luz del sol, se paga por todo, no se garantiza la alimentación, todo hay que pagarlo. El sistema carcelario en Venezuela está privatizado de facto”.
Otro activista que ha preferido no identificarse dice que está “feliz de estar con la familia, en la casa, pero con una enorme incertidumbre”. “No sabemos qué nos depara el futuro, pero continuaremos con nuestra lucha en el país”, añade. Esa sensación de no saber se repite en todos ellos.
“Estamos en la calle en un proceso de incertidumbre, jurídicamente esa es nuestra situación: 16 años de prisión, a pesar de que nos liberaron”, afirma Astudillo.
“Estamos esperando que nos informen. Yo nunca tuve dudas de que no iba a estar preso esos 16 años. Estaba convencido de que se acercaba un acuerdo político, nuestra lucha ha sido política. Nosotros logramos romper con la rutina penitenciaria, hicimos planteamientos, trabajamos, fuimos escuchados por los otros presos. No nos doblegamos frente a este régimen. Ahora seguiremos defendiendo la democracia, la lucha contra la injusticia desde nuestros espacios”.
