jueves, mayo 2, 2024

¡NO SE HAGAN LOS LOCOS! ONG exigen saber sobre instalación de la oficina de la CPI en Caracas

El Memorando de Entendimiento fue firmado en junio entre la CPI y la administración de Nicolás Maduro

Han pasado cuatro meses desde la firma del Memorando de Entendimiento entre la Corte Penal Internacional y la administración de Nicolás Maduro, para la instalación de una oficina de la CPI en Caracas y hasta el momento se desconoce el estatus de ese convenio.,

Por ello, las ONG Alfavic, Orfavideh, Madres Poderosas, Civilis y Provea, exigieron a la cancillería que ofrezca información respecto a ese acuerdo, conforme al artículo 51 de la Constitución que avala el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones al Estado, cuando se trate de asuntos de su interés.

Por ello, representantes de estas organizaciones acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar una carta dirigida al titular del despacho, Yván Gil Pinto, con la finalidad de pedir “información referida al contenido del Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado 9 de junio por el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para permitir la instalación de una oficina del órgano en nuestro país”.

Entre las razones expuestas en la comunicación se encuentran la intención de las organizaciones solicitantes de poder coadyuvar al proceso de mejoramiento de las políticas públicas y restablecimiento del sistema de justicia venezolano, de acuerdo al principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, plasmado en la Constitución.

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En qué consiste

“Las víctimas, las organizaciones defensores de Derechos Humanos y toda la sociedad venezolana, deben saber en qué consiste el Memorándum de Entendimiento”, dijo Marino Alvarado, integrante de Provea.

“El principio de complementariedad hasta el momento no se viene cumpliendo. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos seguiremos exigiendo que en Venezuela haya justicia”, agregó el activista por los DD.HH.

El escrito aclara que la solicitud se realiza “con el objetivo de continuar con la labor de acompañamiento y apoyo a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y dar a conocer a los familiares de las víctimas, a víctimas sobrevivientes, y a otras organizaciones de derechos humanos en el país, el alcance del compromiso asumido por la Estado con la Fiscalía de la CPI”.

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