“Viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico”
Las ONG que hacen vida en Venezuela alzan su voz de alerta ante lo que consideran una nueva amenaza a su existencia, con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuya segunda discusión y respectiva consulta pública está en marcha, de parte de la Asamblea Nacional.
A través de sus redes sociales, distintas ONG, entre ellas Fundaredes y Justicia, Encuentro y Perdón, alertaron que la norma «viola el derecho humano a la libertad de asociación» a través de sanciones sujetas a requisitos «desproporcionados» y sin criterios definidos de evaluación.
«Dicha ley viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, quebrantando los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado y la Constitución», dijo Fundaredes.
Mientras que Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG «en una situación de inseguridad jurídica indefinida», ya fue rechazada, nacional e internacionalmente, en febrero del año pasado.
“Con la aprobación del proyecto se impone una desproporción de requisitos para el nuevo sistema de registro, obligatorios y de renovación constante, sin criterios claros de evaluación, ni de garantías de debido proceso que en caso de negaciones haría imposible su cumplimiento, dejando a todas las organizaciones, asociaciones y fundaciones en una situación de inseguridad jurídica indefinida”, asevera.
“Ya en febrero de 2023, cerca de 500 organizaciones y personalidades suscribieron un comunicado en el que advierten que ese control por parte del Estado desconoce las garantías del contenido esencial del derecho y es profundamente abusivo en todos los ámbitos de ejercicio del derecho a la libertad de asociación”, agrega.
Asimismo, alerta que “el proyecto considera ilegal a las asociaciones de hecho; impone fines en actas y estatutos; interviene en la composición de miembros y formas de autogobierno; restringe los ámbitos geográficos de actuación; y dispone la fiscalización del Estado a toda la documentación y las labores de las asociaciones, para supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las que no acaten la ley”.
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Lo que propone la norma
Otras organizaciones, como Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, insistieron en que la norma va en contra de estándares internacionales.
Alertan, además, que en el proyecto original contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
