La FIDH y Provea esperan que se concrete pronto el regreso de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU a Caracas
Tras la ratificación de los memorandos de entendimiento entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Provea, criticaron el hecho de que el contenido de estos documentos sea desconocido para los ciudadanos.
“Hasta la fecha, tanto el memorando de entendimiento que establece las bases de la cooperación técnica al Estado venezolano, como el plan de trabajo conjunto son confidenciales”, informó la FIDH en un comunicado conjunto con la organización venezolana.
Las ONG valoraron la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela y los resultados de la misma, como la apertura de la oficina de la institución en Caracas, para prestar asistencia técnica.
“La FIDH y Provea lamentan la falta de publicidad de estos documentos y hacen un llamado para que no se instale una nociva lógica de confidencialidad en la cooperación y asistencia técnica destinada a construir e implementar políticas públicas dirigidas a fortalecer la administración de justicia en el territorio nacional, que deben ser discutidas de cara al país”, argumenta el escrito.
Antecedentes
La instalación de la Oficina fue acordada por el Estado y la Fiscalía el 10 de junio de 2023, mediante un Memorándum de Entendimiento confidencial. El 3 de noviembre de 2023, el Estado se comprometió públicamente a facilitar el efectivo desempeño de las actividades de la Fiscalía en el territorio nacional.
Durante la reciente visita del Fiscal de la CPI, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto entre las autoridades y la Oficina de la Fiscalía dirigido a implementar las actividades de asistencia técnica acordadas.
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Lo que dice el Estatuto de Roma
Por otro lado, el documento hace énfasis en recordar “que el Estatuto de Roma de la CPI se basa en el principio de complementariedad según el cual corresponde a los Estados parte, investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y si estos no lo hacen, corresponde al Fiscal de la CPI investigar estos crímenes”.
En la Situación de Venezuela I, que es el caso que se sigue en la CPI, “los jueces de la Sala de Apelaciones han confirmado que el sistema judicial venezolano no cumple con esas funciones y han ratificado la apertura de la fase de investigación”.
También aclara que “esta fase de investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en Venezuela a partir de 2014 no ha sido suspendida. La misma se viene adelantando desde noviembre de 2021 y seguirá siendo competencia del equipo de la Fiscalía de la CPI en La Haya”.
Las ONG también “celebran el anuncio hecho por el mandatario Maduro Moros de invitar nuevamente a la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, cuyas actividades fueron suspendidas el 15 de febrero de 2024”.
Por ello, esperan que esta reapertura “se concrete en corto plazo en las mismas condiciones y con el mismo mandato que ha tenido hasta ahora”.
