ONG cuestiona designación de nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo
JEP asegura que "no se buscaron perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial"
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“La designación de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela.":
La afirmación la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que, en sus redes sociales, señala: “Observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”.
Afirma JEP que “es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.
También destaca que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”.
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Sin embargo, agrega que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.
Justicia, encuentro y perdón asevera que “para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”.
Agrega que “el fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables; si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”.
“Al final, lo que estamos viendo es un sistema que se cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia. Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, concluye la ONG.
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