ONG cuestiona que el Estado reconozca crisis carcelaria sin asumir su responsabilidad
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“Durante años, el régimen venezolano intentó desmentir, desacreditar o minimizar las denuncias sobre la crisis penitenciaria del país. Sin embargo, recientes declaraciones de Diosdado Cabello, del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, terminaron reconociendo públicamente los problemas que diversas ONG llevan décadas denunciando”.
Así lo manifestó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a propósito de la reciente reunión de la comisión para la Reforma de la Justicia, encabezada por Cabello.
El OVP, en un comunicado, dijo que esa crisis denunciada desde hace años contempla “el retardo procesal, la criminalización de la pobreza, el uso prolongado de centros de detención preventiva y la vulneración sistemática de derechos fundamentales”.
Para la ONG, “lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis, lo verdaderamente alarmante es que la reconozcan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona”.
Destacó que “las cifras presentadas por Diosdado Cabello son contundentes; actualmente existen 58.714 personas privadas de libertad en Venezuela. De ellas, 12.425 tienen más de dos años detenidas sin sentencia y, además, 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva, espacios concebidos para estadías de 48 horas como máximo, que en la práctica han sido convertidos en cárceles permanentes”.
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No es una simple falla
El OVP remarca que “no se trata de una falla administrativa ni de casos aislados. Estamos hablando de más de doce mil personas cuyos derechos han sido vulnerados por un sistema incapaz de garantizar una decisión judicial dentro de un plazo razonable. Aunado a esto, y quizás el dato más preocupante, es que Devoe reconoció que 75% de los condenados admitió los hechos”.
Además, señaló que “cerca del 70% de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país y que el 81% corresponde a personas que ingresan por primera vez al sistema penal”.
Para la organización, “lejos de ofrecer tranquilidad, estas cifras generan nuevas interrogantes: ¿El propio fiscal está reconociendo que miles de personas terminan admitiendo los hechos para escapar de un sistema incapaz de juzgarlas oportunamente?”.
Afirma el OVP que “cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia”.
La verdadera pregunta
Al respecto, el observatorio sostiene que “la verdadera pregunta no es cuántas personas admitieron los hechos, sino cuántas sintieron que no tenían otra alternativa. Entonces, ¿estamos frente a un sistema de justicia que combate la criminalidad o frente a un sistema que termina castigando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad?”, interrogó.
Mientras tanto, las consecuencias de esta crisis continúan siendo devastadoras.
“Desde abril de 2026 hasta la fecha, el OVP ha documentado al menos 22 muertes bajo custodia del régimen venezolano. A ello se suma una conclusión alarmante de nuestro Informe Anual 2025, el 95% de los fallecimientos registrados estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna”.
Por ello, asevera que “ resulta imposible analizar el retardo procesal, el hacinamiento o el colapso de los centros de detención preventiva como problemas aislados porque todas estas situaciones forman parte de una misma crisis que deteriora progresivamente la salud, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad”.
Las personas que pasan años esperando una sentencia también están expuestas a enfermedades, al deterioro de su salud física y mental, a la ruptura de sus vínculos familiares y a condiciones incompatibles con la dignidad humana.
En este contexto, las declaraciones de la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, merecen especial atención. Al afirmar que la institución debe atender a presos políticos, presos comunes, adultos mayores, adolescentes, niños y demás grupos vulnerables, reconoce implícitamente la magnitud de la crisis existente.
Sin embargo, el país no necesita más diagnósticos, las cifras expuestas por los voceros del régimen demuestran que el problema es ampliamente conocido por las instituciones del Gobierno. Lo que las personas privadas de libertad, sus familiares y la sociedad esperan no son nuevas declaraciones, sino respuestas concretas.
¿Qué medidas adoptará la Defensoría del Pueblo para atender a las 12.425 personas que permanecen más de dos años sin sentencia? ¿Qué acciones impulsará para reducir la permanencia de miles de detenidos en centros de detención preventiva? ¿Qué hará frente a las denuncias de hacinamiento, enfermedades, tortura y muertes bajo custodia que continúan registrándose en cárceles y calabozos policiales?
Durante años, bajo la gestión de Alfredo Ruiz, la Defensoría observó cómo se acumulaban denuncias de retardo procesal, hacinamiento, tortura, enfermedades, muertes bajo custodia y graves violaciones de derechos humanos dentro de los lugares de reclusión. Hoy la nueva administración tiene la oportunidad de demostrar si actuará de manera distinta o si el reconocimiento de la crisis quedará reducido a otro ejercicio retórico sin consecuencias reales para quienes la padecen.
Las cifras ya están sobre la mesa y los diagnósticos también, lo que sigue faltando son responsables, decisiones y acciones concretas capaces de transformar una realidad que durante años ha condenado a miles de personas a sobrevivir dentro de un sistema que reconoce sus fallas, pero sigue sin corregirlas.
Cuatro planes, los mismos problemas
La actual Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal no es la primera iniciativa impulsada por el chavismo para transformar el sistema de justicia. De hecho, se trata al menos del cuarto “gran plan” anunciado durante los últimos veinte años con la promesa de corregir problemas como el retardo procesal, el hacinamiento, la corrupción institucional y las fallas estructurales del sistema penitenciario.
En 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia puso en marcha el Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial. 16 años después, en 2021, Nicolás Maduro anunció una «revolución profunda y acelerada» del sistema de justicia a través de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia, presidida por Diosdado Cabello y Cilia Flores, con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y combatir el retardo procesal.
Posteriormente, en febrero de 2026, fue activada una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, nuevamente bajo el liderazgo de Diosdado Cabello, con énfasis en la intervención de los centros de reclusión. Apenas unos meses después, en junio de 2026, surge la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, con el propósito de reconfigurar el sistema penal y combatir la corrupción institucional.
Dos décadas, cuatro planes de reforma, múltiples comisiones, diagnósticos reiterados y promesas de transformación después, el régimen vuelve a reconocer los mismos problemas que aseguró estar combatiendo. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de libertad sin sentencia, sobreviven en calabozos convertidos en cárceles permanentes y siguen muriendo bajo custodia.
Con información de prensa OVP
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