ONG exigen a la «justicia de Maduro» respeto a DD.HH. de detenidos por corrupción

Las ONG recordaron que el respeto al debido proceso está garantizado en la Constitución

«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país».

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El anterior es parte del comunicado emitido por unas 35 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), acerca de las detenciones que la administración de Nicolás Maduro ha ordenado en contra de varias personas relacionadas con hechos de corrupción en Pdvsa y la CVG.

«También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», agregan las ONG en el escrito.

Recordaron que la garantía del respeto a estos derechos están previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado.

Los detenidos «fueron presentados ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial», alertaron.

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Igualmente, advirtieron que uno de los detenidos es un diputado, quien no fue sorprendido en flagrancia, requisito que establece la Constitución para este tipo de acciones.

Recuerdan que para la detención de un parlamentario hace falta el antejuicio de mérito establecido en las leyes, porque a los diputados los protege la inmunidad.

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No obstante, las ONG señalan que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».

Según cifras del fiscal de Maduro, Tarek William Saab, hasta la fecha hay 44 detenidos por su presunta vinculación en hechos de corrupción en Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).