ONG pide preservar los centros de reclusión donde se han cometido crímenes de lesa humanidad
Constituyen evidencia material de hechos que deben ser investigados.
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Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, dio a conocer un comunicado emitido por esa ONG, en el que pide la preservación de los recintos carcelarios donde hayan cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, como el caso de El Helicoide.
“El Instituto CASLA considera fundamental que los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y espacios de resguardo ya identificados, utilizados para la comisión de detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de DD. HH. y crímenes de lesa humanidad perpetradas en el contexto de la persecución sistemática contra la población civil y miembros de la FF.AA. por motivos políticos, sean preservados como lugares de memoria, evidencia histórica y potenciales escenarios de investigación judicial”, señala el escrito publicado en las redes sociales de la entidad.
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Este es el comunicado completo:
A lo largo de la historia, las sociedades que han enfrentado períodos de autoritarismo, violencia estatal o crímenes masivos han comprendido la importancia de conservar aquellos lugares donde se perpetraron las violaciones más graves contra la dignidad humana. La preservación de estos espacios no responde a un interés simbólico únicamente; constituye una obligación moral con las víctimas y una herramienta esencial para la búsqueda de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
La comunidad internacional ha reconocido este principio en múltiples experiencias históricas. Los campos de concentración y exterminio del régimen nazi, entre ellos Auschwitz-Birkenau, fueron preservados para recordar a millones de víctimas del Holocausto y para documentar los crímenes cometidos.
Del mismo modo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, Villa Grimaldi en Chile, Robben Island en Sudáfrica, el Ghetto-campo de Theresienstadt en República Checa, y el antiguo centro de detención Tuol Sleng en Camboya se han convertido en espacios de memoria que permiten a las nuevas generaciones comprender los horrores del pasado y fortalecer el compromiso con la defensa de los DDHH.
Venezuela no debe ser una excepción. Durante años, diversas organizaciones han documentado denuncias sobre la utilización de instalaciones estatales para la práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas de corta duración, cualquier tipo de violencia sexual y detenciones arbitrarias. Estos lugares forman parte de la historia reciente del país y constituyen potenciales escenarios de investigación para futuros procesos de justicia nacional e internacional.
La preservación de estos espacios resulta indispensable por varias razones fundamentales:
1. Porque constituyen evidencia material de hechos que deben ser investigados. Las instalaciones, estructuras físicas, registros y características de estos centros pueden aportar información relevante para la reconstrucción de los hechos y la determinación de responsabilidades.
2. Porque representan un acto de reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares. La memoria constituye una forma de reparación moral que permite dignificar a quienes sufrieron persecución, prisión arbitraria, tortura o desaparición forzada.
3. Porque contribuyen a la educación de las futuras generaciones. Las democracias sólidas se construyen sobre el conocimiento de la verdad y sobre la capacidad de las sociedades para aprender de los errores y abusos del pasado.
Finalmente, porque la preservación de estos lugares constituye una garantía de no repetición. La destrucción, modificación o desaparición de estos espacios puede favorecer el olvido, dificultar la rendición de cuentas y debilitar los esfuerzos destinados a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Por ello, el Instituto CASLA hace un llamado a la comunidad internacional, a los organismos regionales y universales, a los organismos de DDHH, a las futuras autoridades democráticas venezolanas y a todos los sectores comprometidos con la justicia, para que se adopten las medidas necesarias destinadas a identificar, preservar, documentar y proteger los centros de reclusión y detención.

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