ONG rechazan "el fin de la amnistía" declarado por Delcy Rodríguez: atenta contra el estado de derecho y la Constitución
"La medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad".
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Apenas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que la amnistía “llegó a su fn”, la respuesta de ONG defensoras de los DD. HH. no se hizo esperar.
Provea y Justicia, Enecuentro y Perdón, manifestaron que el anuncio viola el estado de derecho y hasta la propia Constitución.
En primer lugar, Proevea aclaró que “la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional”.
Agrega la ONG, en su cuenta en X, que “esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.
Provea recordó que “pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes”.
En consecuencia, sostiene que “la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”.
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Presos vulnerables
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó que con ese anuncio, los presos políticos quedan en un estado de vulnerabilidad.
“La finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, explica.
Añade que, “pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”.
Asimismo, destaca que la “medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”.
Para JEP, “este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”.
Finalmente, la ONG sostiene que “una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.
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