ONG y familiares denuncian "traslados arbitrarios" de presos políticos de una cárcel a otra
Se denuncian que serían más de 200 los traslados
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En las últimas horas, mediante las redes sociales, familiares de presos políticos y ONG han denunciado el traslado arbitrario de los detenidos, de una cárcel a otra.
Uno de estos casos es el de Aldo Roso, de 70 años, quien según el Comité para la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), se lo llevaron desde la PNB en La Yaguara,, donde estaba desde el 4 de julio de 2024, acusado de terrorismo.
El comité alerta que de acuerdo con su familia y personas cercanas, Aldo padece varicocele y una hernia inguinal que evolucionó a un tumor, además de un reciente episodio de sangrado urinario, fiebre y debilidad severa.
Un informe médico forense emitido en febrero de 2025 ordenó su traslado urgente a un hospital para una cirugía, pero las autoridades han impedido reiteradamente el procedimiento. En agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares por el grave riesgo que enfrenta.
A pesar de ello, Aldo estaría siendo trasladado al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, uno de los centros con peores condiciones del país. “Este traslado pone en riesgo inminente su vida, pues su estado de salud requiere atención especializada que ese penal no puede garantizar”, denuncia el ClippVe.
“La preocupación es aún mayor porque, según antecedentes recientes, dos presos políticos detenidos en el contexto poselectoral —Osgual González y Jesús Rafael Álvarez—fallecieron en la cárcel de Tocuyito por negligencia y negación de atención médica, en circunstancias que nunca debieron ocurrir bajo custodia del Estado”, alerta el Comité.
Alerta que “trasladar a los presos políticos a estados lejanos a su lugar de residencia agrava profundamente el apoyo que sus familiares deben brindarles y aumenta el sufrimiento de hogares ya golpeados por la persecución y la pobreza”.
Por ello exige “que cesen de inmediato estos traslados arbitrarios y que se proporcione información oportuna y verificada a los familiares. Es urgente detener la arbitrariedad y la muerte de personas inocentes en cárceles políticas. Urge la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos en Venezuela”.
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Rory Branker
Otro caso es el de Rory Branker, periodista de La Patilla, cuyos familiares denunciaron que fue trasladado desde el centro de reclusión donde permanecía hacia un destino desconocido.
Denuncian que el comunicador se encuentra nuevamente en desaparición forzada, pese a que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El día de hoy #08Dic Rory fue trasladado del centro de reclusión donde se encontraba a destino desconocido. Este movimiento fue realizado sin informar a sus abogados de confianza ni a sus familiares. Rory nuevamente está en desaparición forzada”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.
No obstante, según el CLIPPVE, estos no serían los únicos casos, puesto que por sus redes sociales, alertaron que serían “más de 200 presos políticos recluidos en la PNB La Yaguara y San Agustín están siendo trasladados a otros centros de reclusión fuera de Caracas. Esto ha sido sin aviso a familiares ni abogados. Se repite el patrón de opacidad”.
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