OVP desmiente cifras de la ministra para la Mujer sobre número de presas: exige información verificable
Instó a la Defensoría del Pueblo a "velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
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Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desmintió las declaraciones de la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, sobre la supuesta existencia de “más de seis mil mujeres privadas de libertad” en Venezuela.
En nota de prensa, Prado advirtió que “esa cifra no coincide” con los registros documentados por la organización ni estuvo acompañada de información oficial verificable.
“El problema no es solo la cifra, si el Gobierno asegura que existen más de seis mil mujeres privadas de libertad, debe publicar información oficial, actualizada y verificable sobre dónde están recluidas, en qué condiciones permanecen y cuál es su situación judicial”, afirmó Prado.
En ese sentido, desde el OVP documentaron que en Venezuela existe una sola cárcel exclusiva para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), además de 12 anexos femeninos activos dentro de cárceles construidas para hombres.
En su más reciente documentación sobre el INOF, la ONG indicó que este centro albergaba alrededor de 650 mujeres privadas de libertad, pese a tener una capacidad aproximada para 350 internas, evidenciando graves problemas de hacinamiento y condiciones de reclusión.
“A esto se suma la preocupación generada tras una reciente actividad oficial realizada en el INOF, donde se observó a mujeres privadas de libertad realizando prácticas de orden cerrado frente a autoridades del Estado”.
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En dicha actividad estuvieron presentes la ministra Yelitze Santaella, el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, y la recién designada defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, “quien, por las competencias de su cargo, debería velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, destacó Prado.
Para el OVP, “este tipo de prácticas no puede ser presentado como un mecanismo de rehabilitación ni de organización penitenciaria. Las personas privadas de libertad no están bajo custodia para recibir formación militar, y la rehabilitación no se construye desde dinámicas de sometimiento, sino desde el respeto a los derechos humanos y condiciones dignas de reclusión”.
Por ello, desde el OVP insiste en “la necesidad de transparencia sobre la verdadera situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela y alertamos sobre la normalización de prácticas que contradicen el objetivo de reinserción social establecido en la Constitución”.
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