OVP responsabiliza al Gobierno de Maduro por la muerte de Alfredo Díaz
Humberto Prado denuncia que desde el 2015 han muerto 25 presos políticos
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“En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica, con el objeto de degradarlos como seres humanos”.
El alerta lo hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a raíz de la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.
En sus redes sociales, el OVP denunció que “como consecuencia de la sistemática violación a los derechos humanos, en sus manos han fallecido 25 personas que se encontraban presas por razones políticas”.
“El gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de estas muertes bajo custodia del Estado y tendrá que responder ante la justicia. Ninguna de estas personas que fueron detenidas de forma arbitraria debieron morir en una prisión”, agregó.
Asimismo, su director, Humberto Prado, dijo que “Alfredo Díaz murió por esa privación ilegítima a la que era sometido, a la falta de atención médica. Alfredo fue asesinado. Durante su detención fue víctima de aislamiento prolongado y se le negó el permiso para estar al lado de su padre cuando falleció”.
Desde el OVP “nos preguntamos ¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado? Un juez del régimen venezolano, cuando priva de libertad a un preso político, lo está condenando a muerte”.
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Irregularidad
Por otro lado, por su cuenta en X, el OVP hace otra serie de consideraciones sobre la muerte de Díaz.
“Alfredo pasó 1 año y 12 días detenido, arbitrariamente, incomunicado, sin ver a su familia, sin acceso a su abogado y sometido al régimen más severo de aislamiento. Su muerte no fue un accidente, fue el desenlace de un aparato de inteligencia dirigido no por instituciones, sino por lealtades”agrega.
En este punto, añade, “es importante recordar que el SEBIN está comandado por Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por organismos internacionales como uno de los arquitectos del aparato represivo”.
“Que su primo sea quien dirige la policía política no es casual, es evidencia del control político absoluto sobre los centros donde se cometen torturas, desapariciones y abusos sistemáticos. Es un sistema familiarizado, no institucionalizado”, denuncia.
A pesar de ello, “cuando Alfredo Díaz murió, no fue el director del SEBIN, órgano responsable de su custodia, quien dio la cara. Fue el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, un funcionario que hasta ahora no ha tenido competencia sobre este centro de reclusión”, señala.
El OVP alerta que “esta irregularidad es clave porque el régimen mueve voceros como piezas intercambiables para diluir responsabilidades, para que nunca quede claro quién responde por qué, para esconder la cadena de mando real y para que ninguna autoridad pueda ser señalada directamente”.
Además, considera que “este intento de reubicar culpas no puede ocultar una verdad que debe repetirse cada vez que sea posible: el SEBIN nunca debió seguir controlando El Helicoide. En 2021, el Gobierno emitió una serie de decretos, entre ellos el Decreto 4.510 del 12 de mayo, seguido por los Decretos 4.528 y 4.534, ordenando que la DGCIM y el SEBIN transfirieran toda función de custodia al Ministerio de Servicio Penitenciario”.
"Es por esta y muchas razones más que la muerte de Alfredo Díaz no puede desvincularse de este contexto. No fue solo su historia personal, es la historia de un régimen que hace decretos para simular reformas, acuerdos para ganar tiempo y vocerías para evitar responsabilidades y que, en la práctica, dejó la custodia en manos de cuerpos represivos, mientras usaba al Ministerio Penitenciario como fachada administrativa.
En ese caos deliberado de competencias inventadas y mandos superpuestos, son los presos políticos y sus familias quienes pagan el precio más alto: ruleteo, suspensión de visitas, maltratos, requisas violentas y silencio.
El régimen puede firmar decretos, acuerdos y memorandos, pero hay cuatro cosas con las que ninguna autoridad puede jugar sin enfrentar consecuencias: la comida de los presos, la visita de los familiares, la libertad y la vida de quienes mantiene bajo custodia", sostiene la ONG.
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