Los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI rechazaron el “lenguaje irrespetuoso” de la delegación venezolana y acusaron a la administración de Maduro de “castigar” a solo unos cuantos violadores de DD.HH. pero que son de “rangos bajos”
Este miércoles se llevó a cabo la segunda y última parte de la audiencia de apelación del caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, donde los jueces desnudaron la realidad sobre la violación de los Derechos Humanos en el país y han determinado no solo que “no se investigan” estos casos, sino que tampoco hay castigos para los responsables.
Tras finalizar la audiencia, en su discurso de cierre, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, Paolina Massidda, lanzó esta contundente acusación: “Mientras hablamos, en Venezuela siguen cometiendo crímenes con impunidad”, dijo.
“En este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes”, lamentó.
“Solo un enfoque global permitirá conocer la verdad”, afirmó y ratificó que para las víctimas “es crucial que no solo se tomen en cuenta los crímenes, sino también el contexto en el que fueron ejecutados”.
“Permitirá revelar los autores inmediatos y aquellos que detentaban poder. En segundo lugar reconoce el contexto de la violencia en el que se produjeron estos crímenes, la naturaleza sistemática y los patrones. En tercer lugar arroja luz sobre la victimización”, aseveró la juez.
La segunda jornada
Tras iniciarse la segunda parte de la audiencia, los miembros de la CPI a cargo de la audiencia, han protestado por la falta de respeto de los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro
Tanto, que el Marc Perrin de Brichambaut advirtió a la delegación de Maduro que no aceptará su “lenguaje irrespetuoso”.
Asimismo, Perrin preguntó por qué Venezuela no ha incluido los crímenes de lesa humanidad en su legislación, en 23 años de socialismo.
A lo que la delegación de Venezuela respondió: “Es un derecho soberano”.
Y para rematar, los jueces recordaron que el Estado venezolano ha mantenido la posición de “negar la existencia de crímenes de lesa humanidad” y lo que es peor, las pocas responsabilidades que se han juzgado recaen “en autores de bajo nivel, no en los altos mandos”.
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Los casos
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, intervino para decir que “de 62 casos, 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores y 57 permanecen sin acusación formal”.
También informó que en tres cuartas partes de los casos reportados por Venezuela no se identificaron a los perpetradores: “57 estaban apenas en fase preparatoria y en 21 la caracterización jurídica era inadecuada”.
Además, criticaron la forma como el Estado venezolano presentó los alegatos, pues los resúmenes “no son documentos judiciales válidos para la Corte”.
“Estos contenían recortes de prensa, tuits y otros materiales no relacionados con la solicitud”, dijo la juez.
Lamentó que “en este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes”
Y una de las causas es que, a pesar de que los códigos penales mencionan los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, “no los vinculan con el Estatuto de Roma ni establecen sanciones o las penas que se aplicarían”.
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No se ayuden tanto
Entre tanto, el representante del Estado venezolano, Ben Emmerson, sostuvo que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales” (de los crímenes de lesa humanidad).
Argumentó que “los procedimientos nacionales pueden realizarse como delitos ordinarios”.
“Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”»”, dijo.
Reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”..
Por otro lado, la delegación admitió que solo cinco de los 124 “incidentes” que presentaron en la Corte han recibido condena.
Y también aceptó que en varios casos presentados como “pruebas” del accionar del Estado, no se identifica a ningún sospechoso.
«Los datos actualizados en relación con esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», respondió el abogado Aitor Martínez Jiménez.
“En relación con los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, admitió.
#8Nov
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 8, 2023
🗣️ "PORQUE LA INVESTIGACIÓN NO HA ALCANZADO ESE NIVEL"
Representante de Venezuela admitió ante la Corte Penal Internacional que entre las fichas presentadas ante el organismo hay casos en los que no se identifica a ningún sospechoso pic.twitter.com/NX8BXIHrxL
