Parlamento considera proyecto de ley para retiro de Venezuela de la CPI
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La Asamblea Nacional (AN) presentó este martes un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país se retire de la Corte Penal Internacional (CPI).
La moción se debatió luego de que el tribunal anunció el cierre de su oficina en Caracas, por falta de progreso real" y faltas al acuerdo de complementaridad de parte de Venezuela.
“Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento”, dijo el proponente del acuerdo, Roy Daza.
Dijo que debatir este proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una “decisión importante”, porque todas las instituciones deben actuar en unidad.
«Cuando un instrumento que debe servir como garante de la justicia, que debe servir como garante del debido proceso, se convierte en una institución que va con fines ajenos para lo que fue creada», indicó.
Daza fustigó la actuación de la Fiscalía de la CPI que se ha convertido en una institución con “fines ajenos para la que fue creada”.
“Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos” remarcó.
«La Corte Internacional fue creada con un objetivo y ahora resulta que tiene otros», lamentó.
Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, que tanto la institución como el pueblo venezolano tienen un “profundo desprecio” por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.
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El lunes, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El Gobierno de Venezuela acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» contra el país suramericano.
En un comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado en «todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Con información de Efe
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