AI condena las restricciones a los derechos políticos y civiles de los venezolanos y destaca el caso de María Corina Machado
La organización Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual correspondiente al 2023 y en el mismo denuncia que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, persiste en aplicar “tácticas represivas”, principalmente “la desaparición forzada y la tortura”, dirigidas contra la disidencia.
“La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos” forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”, señala el documento que cita a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) como fuentes de información de estos atropellos.
Denunció que las víctimas de esta represión son “acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego “trasladadas a un centro militar o policial” donde permanecen “meses, o incluso años, en espera de juicio”.
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Contra los derechos políticos y civiles
El informe dedica una parte especialmente a la violación de los derechos políticos de los venezolanos y cita el caso de María Corina Machado, además de criticar la ley contras las ONG que redacta la AN.
“Las autoridades continuaron restringiendo la participación política. La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales”, alerta.
Señala que “el espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa (AN) entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación”.
“El texto propuesto, que restringía aún más las actividades de las organizaciones y permitía al gobierno disolver las asociaciones de forma unilateral”, agrega.
Otros temas
El informe no habla de las fechas en las cuales se basaron para redactar el documento, pero ratifica que en el período estudiado, “persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos”.
Destacan que quienes “quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos”.
“Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad. Según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700detenciones arbitrarias”, destaca el documento.
Igualmente, se destaca la “falta de acceso a derechos económicos y sociales” de parte de los ciudadanos.
También condenaron las condiciones de las prisiones y los centros de detención en Venezuela, donde “siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua”.
“La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal”, añade el escrito.
#InformeAnualAI Capítulo Venezuela 🇻🇪
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) April 24, 2024
🍽 La población sufre inseguridad alimentaria
🤢 El sistema público de salud está colapsado
👊 Fuerzas de seguridad responden con fuerza ilegítima
🚶♀️ El número de personas venezolanas que huyen aumenta
Resumen: https://t.co/Wh56S4Z9J8
