Petro se va de la presidencia de Colombia dejando un país profundamente desigual
:format(webp):quality(75)/https://impactovecdn.eleco.com.ar/media/2026/08/petro_1.webp)
“El gobierno del cambio” se autodenominó el Ejecutivo que lidera hasta este jueves Gustavo Petro, exguerrillero, exalcalde de Bogotá, exitoso político de oposición y ganador de unas elecciones presidenciales en 2022 impulsadas por una agitada movilización social durante el gobierno del derechista Iván Duque.
Llegó con una promesa enorme, la de construir un nuevo país. Detrás de ella quedaba la pregunta de cómo lograría abrirse paso respetando los contrapesos institucionales que han distinguido durante décadas a Colombia, o si terminaría por chocar de frente con ellos.
Cuatro años más tarde, Colombia ha vivido cambios significativos, pero sigue siendo una nación sumamente desigual, con graves problemas de ilegalidad, narcotráfico y violencia.
Ha logrado, eso sí, mejoras objetivas en desempleo o pobreza, y, sobre todo, una ampliación del espectro político que puede acceder al poder presidencial, un cambio que venía cocinándose por décadas y se cristalizó con las votaciones de 2022.
Lea también: Petro teme por una "guerra civil" en Colombia tras supuesto fraude electoral
¿Deja un legado?
Petro se posesionó en un país con emociones explosivas. De un lado, la esperanza de un sector importante de la sociedad colombiana que votó por él, o de quienes decían hacerlo por su icónica fórmula vicepresidencial, la activista afro Francia Márquez; de otro, el de quienes sentían el miedo de tener un gobierno de izquierdas con el ejemplo del régimen chavista al lado. En el medio, la incertidumbre y curiosidad de muchos.
Francia, como se le conoce, marcó el otro cambio más profundo que logró el Gobierno saliente: la mayor representatividad del Ejecutivo. Si en los años ochenta y noventa se empezó a hacer usual la presencia de mujeres en las fotos tradicionales de hombres blancos vestidos de paño y corbata, con Petro se hizo normal ver indígenas o afrodescendientes en altos cargos del Ejecutivo.
Ese es quizás el legado más profundo del gobierno: una democracia más amplia y diversa, en un paso más de un proceso que suma casi medio siglo. Si de mediados del siglo XIX a fines del XX Colombia vivió bajo un régimen bipartidista estricto, este se fue relajando.
En 1988, los colombianos eligieron por primera vez por votación a sus alcaldes, hasta entonces designados por el presidente, lo que abrió las puertas al poder a personas ajenas a los partidos Liberal y Conservador. Ese primer paso palideció frente a la Constitución de 1991, la primera que no fue producto del fin de una guerra civil y que se redactó por acuerdo de todo tipo de fuerzas políticas, incluidos exguerrilleros. Tres décadas después, Petro llevó a representantes de otros sectores sociales a los despachos más importantes del Estado.
Esa nueva ampliación de la democracia ha sido uno de los más fuertes conectores con quienes se sienten de esos “nadie” a los que Márquez dijo representar y a quienes el presidente reivindicó a lo largo de su mandato. De hecho, en febrero de 2025 hizo un acto especial para presentar un gabinete renovado que presentó como muestra de diversidad.
Esos grandes cambios en las perspectivas de representación no tienen un reflejo exacto en lo más concreto. Algunas promesas lograron avances, otras se sellan en fracasos. Petro se enfrentó a una oposición menos organizada pero más fuerte de lo que parecía, a la complejidad del sistema económico, jurídico y social, y a un liderazgo que pecó de voluntarismo y se concentró más en la retórica que en la capacidad de organización y de seguir una estrategia con metas, plazos y prioridades.
Apertura e inicios
El presidente inició su gobierno como hizo su campaña, con apertura a otros sectores políticos y una coalición legislativa amplia y varios ministros moderados: José Antonio Ocampo en Hacienda, Cecilia López en Agricultura y Alejandro Gaviria en Educación.
Tendió puentes con las alas más progresistas —y con figuras más clientelistas— de los partidos tradicionales. Así, sacó adelante una ambiciosa reforma tributaria que parecía señalar un orden: primero conseguir el dinero para sacar adelante sus reformas y luego ejecutarlas. Esa lógica, sin embargo, se rompió rápidamente.
En el primer semestre de 2023, anunció un trío de reformas sociales —laboral, sanitaria y pensional— que debían pasar por el Congreso y que constituían el corazón de un programa que concentraba el cambio en la construcción de un sistema de seguridad social y de trabajo más generoso con los trabajadores y con mayor protagonismo del Estado.
La más polémica era la de la salud, que no era una preocupación grande en un país con problemas de empleo, pobreza o la seguridad, y que sin embargo Petro decidió convertir en su bandera. La presentó antes que las demás, pese a las críticas de sus ministros moderados al proyecto que lideraba la encargada de Salud, Carolina Corcho. El choque le llevó a romper la coalición, sacar a los moderados y entrar a una lógica de confrontación con lo que él veía, en general, como “el establecimiento”, que a su juicio frenaba sus ímpetus de cambio.
Balance… cuatro años después
Cuatro años después, el balance de ese trío de reformas es dispar. La laboral, con mejoras para los trabajadores formales, fue aprobada por el Congreso. La pensional, más debatida, sigue en el aire: la Corte Constitucional la estudia y suspendió su aplicación. Pero la de salud fue negada dos veces por el Congreso y Petro decidió sacar adelante algunos cambios puntuales por vía administrativa, lo que significa que se pueden revertir con facilidad.
Mientras sacaba adelante ese programa legislativo, Petro arremetió contra las cortes cuando tomaron decisiones contrarias a sus intereses, tuvieran o no razón —y aun cuando la tenían, como ocurrió con la Corte Constitucional frente a partes de la reforma tributaria, por debilidades jurídicas advertidas desde el inicio por los expertos—. Petro habló de un “golpe blando” en su contra, amenazó con una constituyente en un país que valora mucho la Constitución de 1991 —la misma que él decía una y otra vez que buscaba profundizar— y afirmó sentirse encerrado en el Palacio presidencial.
En el fondo, esa lectura reflejaba menos una conspiración real que una dificultad para aceptar que esos contrapesos —cortes, Banco de la República, prensa, oposición— son parte estructural del sistema político colombiano, y no un obstáculo inventado en su contra. Dijo que había entendido que el poder del presidente es menor frente al de fuerzas establecidas, como sectores empresariales o políticos. Perdió las elecciones regionales de octubre de 2023 y entró en una lógica que llenó al gobierno de zozobra.
En esos meses, el presidente se movió hacia un intento de construir una relación más directa entre él y el pueblo. Animó muchas veces a sus bases a salir a las calles, con resultados diversos que aumentaron las tensiones, pero no marcaron una gran ruptura. Usó su cuenta de X y los canales institucionales como forma de tomar y anunciar decisiones de Estado, y buscó enemigos en diferentes frentes: el expresidente de derecha Álvaro Uribe, el reelecto mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, e incluso el jefe de disidencias de las FARC conocido como Iván Mordisco.
Sus promesas no cumplidas
Mientras tanto, sus grandes promesas de lograr la paz rápidamente —basadas en la idea de que el expresidente Iván Duque no había logrado acuerdos ni desmovilizaciones por falta de voluntad, y que él, en cambio, por venir de la guerrilla, sería un interlocutor fácil para grupos como las distintas disidencias de las FARC o la guerrilla del ELN— fueron fracasando.
Su política de “paz total” se fue diluyendo. De hecho, otro de los enemigos que Petro terminó graduando fue el propio alias Iván Mordisco, líder de una de las agrupaciones disidentes de las extintas FARC, contra quien desencadenó bombardeos y ataques de artillería: armas cuyo uso había cuestionado cuando Duque las empleó, por sus difíciles efectos colaterales.
Llegó incluso a nombrar a un militar como ministro de Defensa por primera vez en 35 años, como parte de ese endurecimiento frente a quienes tendió la mano y con quienes no logró el acuerdo que esperaba con tanta facilidad.
Otro de los grandes cambios prometidos en política exterior fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas durante el gobierno de Iván Duque. Petro apostó por reabrir la frontera y recomponer los lazos con Caracas, con la promesa de reactivar el comercio bilateral y aportar a la estabilidad regional.
Sin grandes logros económicos
Pero la apuesta terminó sin los grandes logros económicos ni sociales que auguraba. En contraste, Petro tuvo un año de choques con el reelegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo llevaron a perder su visa a ese país y ser incluido en la lista OFAC. Logró calmar las aguas tras visitar la Casa Blanca a inicios de 2026, poco después de que Trump interviniera en Venezuela, raptara a Maduro en Caracas y lo sentara ante un jurado en su país.
Mientras todo esto ocurría en un país que tenía la política en el debate cotidiano y vivía permanentemente tensionado, el frente económico llevaba un ritmo propio, al margen de la inestabilidad que marcaba el debate político. A punta de gasto público, Petro logró reducir el desempleo y la pobreza, dos de sus grandes metas y un logro indiscutible de su mandato. Lo hizo, sin embargo, a costa de un alto déficit fiscal, que deja como uno de los legados más complejos para el gobierno entrante, y en medio de sostenidas críticas de quienes señalaron que ese aumento del gasto tenía un trasfondo electoral.
A ese cuestionamiento se suman los que han causado los escándalos de corrupción que golpearon su mandato, desde el proceso contra su primogénito Nicolás Petro por haberse apropiado de dinero dirigido a la campaña presidencial y entregado debajo de la mesa, hasta el uso de dineros públicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) para asegurar votos en favor de sus iniciativas legislativas y que tiene a dos de sus exministros en la cárcel.
Pero quizás la mayor de sus frustraciones sea que quien lo suceda en el poder sea Abelardo de la Espriella, un presidente que tiene como una de sus grandes banderas deshacer buena parte de lo que él hizo, y que puede llevar a Colombia a sumarse a la ola de gobiernos de ultraderecha que hoy están de moda en el continente.
En sus últimas semanas, Petro no solo ha buscado dificultar la llegada de De la Espriella al poder —por ejemplo, al negar la posibilidad de un tradicional empalme— sino que ha intentado deslegitimarlo por distintos frentes. Él y su partido han cuestionado que el presidente entrante tenga nacionalidad estadounidense, y, sobre todo, ha hablado de un fraude electoral que no ha podido probar. Pese a ello, le ha dedicado largos trinos, intervenciones en televisión y una cantidad de energía que solo ha sido menor que la dedicada a intentar asegurar su futuro: Petro busca salir de la lista OFAC e incluso ha buscado viajar a Estados Unidos en su último día como presidente para ello.
Si Petro se pregunta por su futuro inmediato, Colombia hace lo mismo por la llegada de un presidente que nunca había hecho política ni había sido administrador público, y que, como el anterior, trae consigo enormes promesas de cambio y grandes interrogantes sobre la manera de sacarlas adelante. Pero el país ya no es el de 2022.
Colombia ya vivió un gobierno marcadamente de izquierda, antisistema, que llegó al poder pese a los señalamientos producto de décadas de conflicto armado, y que, sin embargo —pese a las tensiones que él mismo alimentó contra sus contrapesos— evitó tanto los cantos de sirena de la concentración de poder como la conformación de un régimen que niegue las elecciones. La democracia queda, a la vez, más amplia y más debilitada.
Con información de El País
Para comentar, debes estar registradoPor favor, inicia sesión