Petróleo, gas o geopolítica: así va el conflicto entre Venezuela y Trinidad y Tobago
¿Quién gana y quién pierde en este dilema entre ambas naciones?
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En los últimos días, a la tensión que hay por el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, se ha sumado la hostilidad entre el país y Trinidad y Tobago país caribeño muy cercano y con el que había una relación muy estrecha, relacionada, entre otras cosas, por el gas y el petróleo.
Tanto es así que Trinidad y Tobago prepara la deportación masiva de migrantes indocumentados venezolanos. Antes, Venezuela suspendió sus acuerdos energéticos con ese archipiélago caribeño, recuerda un reportaje de la DW.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, trató a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de «alcahueta propulsora de la guerra». Y la acusó de convertir el territorio trinitario en «un portaaviones» de Estados Unidos.
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A 11 km de distancia
Venezuela y Trinidad y Tobago están separadas por una pequeña bahía, que en su punto más angosto tiene solo 11 kilómetros de ancho.
El detonante de esta crisis fue el buque de guerra estadounidense USS Gravely, que atracó en Puerto España para ejercicios militares, y que forma parte de la flota desplegada en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico en la región, para las que EE. UU. se ha dicho dispuesto a operar también en tierra.
El Gobierno venezolano denuncia que EE. UU. busca derrocarlo, en «una guerra por el petróleo y por el gas». Y dijo haber desmantelado una supuesta «célula criminal» vinculada a la CIA, que buscaba atacar el USS Gravely e incriminar a Caracas.
¿Petróleo, gas o geopolítica de EE. UU. en el Caribe?
«El objetivo norteamericano no tiene que ver con el petróleo o el gas, es una cuestión exclusivamente de orden geopolítico», asegura a DW Alberto Cisneros, CEO y presidente de Global Business Consultants (GBC), una firma especializada en outsourcing estratégico para el sector petróleo y gas en América Latina. «El mercado norteamericano está completamente saturado con su propia producción», explica, en referencia al gas y petróleo de esquisto (shale gas y shale oil).
Venezuela -como Colombia o Cuba- es un país caribeño muy cercano a la Florida, sobre el que un actor global como EE. UU. busca recuperar «control», erradicando además la influencia rusa, china o iraní en el país, observa Cisneros, doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
¿Cuál es el acuerdo suspendido por Venezuela?
El acuerdo fundamental ahora afectado por la suspensión de Maduro tenía como objetivo desarrollar Campo Dragón, «un campo de gas que aún no ha producido ni una sola molécula de gas», explica a DW Oswaldo Felizzola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de la escuela de negocios IESA, en Caracas.
El campo está «100 por cien en aguas venezolanas», a unos 50 kilómetros de la costa oriental, precisa Felizzola. Pero requiere una «explotación costa afuera», que Venezuela no está en condiciones técnicas de asumir.
El acuerdo preveía que la multinacional británica Shell, con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que la exime de sanciones de EE. UU., evaluara llevar ese gas a Trinidad y Tobago, con inversión de Shell y Trinidad y Tobago (a través de NGC, su Compañía Nacional de Gas).
El archipiélago, con unos reservorios de gas muy antiguos, una producción en declive y una total dependencia del gas para su generación de electricidad (del 99,5 por ciento en 2023), tiene las instalaciones adecuadas para recibir esta materia prima, cuyo yacimiento está además «muy lejos» de la red nacional de gas venezolana, detalla Felizzola.
No obstante, para aprobar su explotación sin que le afectaran las sanciones, el Gobierno de Donald Trump impuso como condición que la petrolera venezolana PDVSA no recibiera ingresos en metálico, sino solo en especies. En este caso, Venezuela recibiría parte del gas producido, recomprimido y envasado por Trinidad y Tobago en esferas. Venezuela no tiene cómo consumir ese gas sin hacer grandes inversiones, aclara el experto, pero aspiraba a comercializarlo.
Para ello, aún afrontaba otro obstáculo, agrega el ingeniero venezolano Felizzola: la petrolera estadounidense ConocoPhillips demandó al Gobierno de Trinidad y Tobago embargar toda la producción de gas que le provea PDVSA, con el fin de pagar las deudas de la empresa venezolana con esa petrolera estadounidense.
Venezuela o Trinidad y Tobago: ¿quién pierde o gana?
La medida venezolana de suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago da un portazo a una de las dos únicas exenciones autorizadas bajo el Gobierno de Trump para operar en Venezuela, pese a su política de sanciones totales contra el país, advierte el consultor Cisneros.
Una es la de Chevron, que sigue produciendo y exportando petróleo exclusivamente al mercado norteamericano, pagando a PDVSA con una cuota de esa producción; y la otra es la de Shell en Campo Dragón, ahora afectada por la suspensión del acuerdo anunciada por Maduro.
A largo plazo, esto «rompe con la posibilidad de desarrollo del anillo geopolítico gasífero del Oriente venezolano», evalúa Alberto Cisneros, exasesor de planificación estratégica de PDVSA.
Este campo gasífero debía proveer de gas a Trinidad y Tobago, que Felizzola ve como «el gran perdedor» de esta crisis. Y, además, se podía llegar a exportar gas natural licuado (GNL) al vecino Colombia, el gran importador del área y del que Trinidad y Tobago es el principal exportador, explica Cisneros.
«Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho», aseguró, sin embargo, Kamla Persad-Bissessar, la primera ministra trinitaria. Efectivamente, Trinidad y Tobago tiene la opción soberana de decidirse por opciones «políticamente más viables», reconoce el ingeniero Felizzola. Aunque, «desde el punto de vista económico y técnico», el Campo Dragón en Venezuela sería «la mejor opción».
Para Venezuela, este reservorio gasífero es bastante importante, aunque no tanto como el Campo Perla, en el Golfo de Venezuela, en el Occidente venezolano, manejado por la italiana Eni y la española Repsol, y que tiene la producción más significativa y los recursos más grandes del territorio venezolano en el onshore (en tierra) y en el offshore (costa afuera), matiza, por otra parte, Cisneros.
Eso sí, el país se queda sin los posibles ingresos por el gas de Campo Dragón. Y la petrolera estadounidense ConocoPhillips pierde una vía para cobrar su deuda a PDVSA, acota Felizzola.
Migrantes: ¿otra vez el daño colateral?
Entretanto, y mientras los tres Gobiernos escalan la disputa en la arena diplomática, comercial o militar, los ciudadanos de a pie comienzan a sentir las consecuencias.
Unos 40.000 venezolanos conforman la principal comunidad migrante en Trinidad y Tobago. Muchos «tienen justamente competencias en el área gasífera», comenta Felizzola, desde Caracas.
Al menos 200, considerados inmigrantes ilegales y de los que no se conocen más detalles, se enfrentan ya a la deportación, por órdenes de la primera ministra Persad-Bissessar.
Con información de DW
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