Por «actuar de mala fe»: juez de EE. UU. evalúa declarar a TRUMP en DESACATO por deportación de venezolanos a El Salvador

James Boasberg impuso el 15 de marzo una prohibición de dos semanas a las deportaciones de personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pero el vuelo salió de todas maneras

El juez federal en Washington D. C., James Boasberg, planteó este jueves la posibilidad de declarar al Gobierno de Donald Trump en desacato por haber enviado a 238 migrantes venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Durante la audiencia, Boasberg señaló que es posible que la administración de Trump haya actuado “de mala fe” para acelerar los vuelos y evitar el escrutinio judicial.

“Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron”, indicó.

El mandatario invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Aunque Boasberg bloqueó el uso de esta ley el 15 de marzo, dos aviones ya iban rumbo a Centroamérica con los migrantes, por lo que ordenó el regreso de esos vuelos.

Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al juez.

En la audiencia, el juez increpó al abogado del Gobierno sobre la sucesión de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales se interpusieran.

“Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí”, insistió.

Lea también: Juez de EE.UU. sobre deportaciones a El Salvador: LOS NAZIS FUERON TRATADOS MEJOR QUE LOS VENEZOLANOS

El caso ha causado polémica

Decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos e incomunidados en la megaprisión, notoria por denuncias de abusos a los derechos humanos, han señalado que sus seres queridos no tienen récord criminal y han defendido que están siendo encarcelados injustamente.

El abogado del Gobierno indicó no tener conocimiento sobre los funcionarios que tomaron, en últimas, la decisión de seguir adelante con los vuelos, pese a que la organización ACLU había presentado ya una demanda y el letrado defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.

El juez Boasberg aclaró que no espera tomar una decisión sobre este caso esta semana y llamó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.

El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que asegura que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está “invadiendo” el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en EE. UU.

El episodio ha provocado preocupaciones entre los demócratas y algunos observadores legales de que el Gobierno de Trump no cumpla con las sentencias judiciales desfavorables.

Trump pidió la destitución de Boasberg después de que bloqueó las deportaciones.

Eso provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, quien dijo que las apelaciones, no los juicios políticos, eran la respuesta adecuada a los desacuerdos con las órdenes judiciales.

El Gobierno de Trump dice que no violó la orden de Boasberg.

En una presentación judicial del 25 de marzo, los abogados del Departamento de Justicia escribieron que los migrantes ya habían sido deportados cuando el juez tomó una decisión, porque los aviones habían abandonado el espacio aéreo estadounidense.

Con información de Efe y Reuters