Palpitar Trujillano tuvo que abandonar las instalaciones donde estaba laborando, después que le solicitaran a la directiva el desalojo por los diversos actos de hostigamiento que afectaron no solamente al medio
Tras una serie de acciones vandálicas desde hace varios meses, la directiva del medio de comunicación social, Palpitar Trujillano, en el estado Trujillo, tuvo que ordenar el desalojo de sus actuales instalaciones, a petición del condominio, por los continuos ataques a la sede editorial.
Así lo informó en una entrevista Andrés Briceño Sulbarán, fundador y director de Palpitar Trujillano, quien indicó a Radio Fe y Alegría, que la medida de desalojar las instalaciones durante este fin de semana, provino de la junta de condominio del edificio Lares Alizo, ubicado en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera.
Debido a los diversos ataques con objetos contundentes, bombas Molotov y visitas de fiscales aduaneros y de impuestos a la sede de Palpitar Trujillano, diversos locales que se encuentran en el mismo edificio se han visto afectados.
Explica Briceño Sulbarán que durante enero de este año hubo una arremetida considerable, incluso de manera física, por lo que han decidido evacuar a su personal.
El jefe editorial denuncia que desde el año pasado hay un ataque sistemático contra la labor de los periodistas, auspiciado en un principio por el propio gobernador de la entidad, Gerardo Márquez.
“La última amenaza de forma directa que sufrimos fue en el mes de noviembre, cuando el Gobernador del estado Trujillo me llamó directamente a través de una llamada telefónica, amenazándome de que iban a pasar situaciones adversas a mi persona y a mi trabajo. Desde ese momento inició una serie de ataques sistemáticos a nuestro trabajo periodístico con fiscalizaciones”, dijo Briceño.
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En enero, los ataques habrían llegado a tal punto que, lanzaron piedras y bombas Molotov, que evidentemente causaron destrozos no solamente en Palpitar Trujillano, sino también, en otros locales y oficinas del edificio Lares Alizo.
Explicó que desde el año pasado han colocado las respectivas denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el propio Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pero no han recibido noticia algunas sobre las averiguaciones que han llevado a cabo ambos organismos de seguridad.
