La banda estaba integrada por 18 colombianos y un venezolano, según fuentes cercanas al caso
Diecinueve personas integrantes de una organización internacional que otorgaba préstamos irregulares con altos intereses, y luego hostigaba a quienes no podían pagarlos, fueron acusados en Uruguay de usura, asociación para delinquir y delitos de violencia, informó la Fiscalía.
Los inculpados, 18 colombianos y un venezolano, según fuentes cercanas al caso, fueron imputados el fin de semana en Tacuarembó, unos 400 km al norte de Montevideo, en el marco de la Operación Parce, que desde febrero de 2022 investiga supuestas actividades de extorsión.
Según documentos judiciales divulgados el lunes, a partir de una denuncia anónima, la policía comenzó a investigar la presunta existencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana que prestaba dinero en efectivo a emprendedores y comerciantes con obligación de devolverlo “gota a gota”, con porcentajes de interés del 20% y en plazos de 20, 24 y 30 días.
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Préstamos impagables
Los préstamos eran por sumas desde 5.000 pesos (unos USD 130) hasta 150.000 pesos (unos USD 4.000), con cuotas diarias de entre 500 pesos (USD 13) y 6.000 pesos (USD 158), dependiendo del monto concedido.
De acuerdo con la acusación, de no pagarse lo solicitado, comenzaban las amenazas hasta con armas de fuego, y la violencia, llegándose incluso al hurto de bienes como cobro del crédito y a la persecución de los acreedores en sus domicilios particulares.
La fiscal Irena Penza, a cargo del caso, dijo que los miembros de esta red habitualmente no residían en Uruguay por mucho tiempo, y operaban en base a la confianza, para lo cual contaban con “algunos allegados de nacionalidad uruguaya”. Destacó además que sus maniobras abarcaban otras zonas dentro y fuera del país.
“No hay un arraigo exclusivo en Tacuarembó, sí a nivel de todos los departamentos del Uruguay, por no decir a otras regiones y países cercanos”, declaró Penza a Canal 4.
Continúan las investigaciones
Según el escrito de la imputación, esta red reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a Uruguay con la promesa de un trabajo para ayudar a sus familias en Colombia, “muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar”.
Llegaban “únicamente con un pasaje de ida, cuyo costo debía ser reembolsado al recluta con trabajo durante un período de un año”, agrega.
De acuerdo con la investigación policial, muchos de los imputados tenían como negocio de pantalla empresas en el rubro electrodomésticos.
Para tres de los imputados se dispuso prisión preventiva por 120 días. Para los restantes 16 rige la obligación de fijar domicilio y el cierre de fronteras.
Además, otras seis personas quedaron sujetas a medidas limitativas mientras continúa la investigación, entre ellas, prohibición de abandonar el país y obligación de entregar sus documentos de viaje, señaló la Fiscalía en un comunicado.
